EDITORIALES

NOTA DE TAPA

BUENOS AIRES
En clave 2026

La necesidad de hallar más puntos de contacto entre la planificación de la gestión y las demandas ciudadanas. El desafío de profundizar la democracia participativa.

Escribe: Lic. MÓNICA RODRÍGUEZ. Dirección

La Carta Magna de nuestra ciudad que este año cumple 30 años de existencia, establece en su artículo primero que Buenos Aires se organiza como una democracia participativa. Sin embargo, ese primer principio no ha pasado de la letra de molde en muchos aspectos y nunca fue implementado realmente.

El 2025, una vez más dejó en evidencia que hay una brecha que separa a la gestión de las necesidades reales que viven día a día los vecinos en sus barrios. Bajo el ritmo frenético de las elecciones de medio término, la dirigencia política se sumergió -como ya es costumbre en nuestra democracia- en disputas de poder inmediatas, postergando la construcción de políticas de fondo. Esta desconexión se reflejó en una Legislatura que sesionó apenas cinco veces en todo el año. Sin embargo, entre esos escasos encuentros surgió una definición meridiana: la aprobación del Presupuesto 2026, una especie de GPS que nos muestra cuáles serán las áreas donde el gobierno pondrá sus prioridades.

Y por supuesto, las elecciones cambiaron el escenario político, hubo ganadores y perdedores. Por lo pronto, la legislatura, que renovó el cincuenta por ciento de las bancas, vio modificada la composición de las fuerzas que la componen. Tras el resquebrajamiento de la coalición "Vamos por Más", Fuerza por Buenos Aires integrada por diversas facciones peronistas y partidos aliados se transformó después de muchos años en la primera minoría con 20 diputados, seguidos por la Libertad Avanza con 13, "Vamos por Más" con 11, Confianza y Desarrollo liderado por Horacio Rodríguez Larreta con 8, Ciudadanos Unidos (UCR Evolución) con 5, y cuatro bloques unipersonales: republicanos Unidos, Transformación, FIT-PO y PTS/Frente de Izquierda. En el futuro inmediato parece haberse perdido la mayoría automática que el oficialismo otrora ostentó y se abre un escenario en el que avanzarán aquellas iniciativas que logren consensos a partir de negociaciones y acuerdos.

Pero antes que asumieran los nuevos diputados, quedó sancionado el Presupuesto 2026 dejando algunas cosas en claro, entre ellas cuáles serán las áreas prioritarias que recibirán mayor asignación.

Una buena noticia es que se ha privilegiado la educación otorgándole un 20% de la partida presupuestaria en el marco de la reforma estructural que se está realizando mediante el plan "Buenos Aires Aprende". Sin embargo, en esta área el 2025 no nos dejó libres de preocupaciones, particularmente por las 200 aulas menos que habrá en las escuelas públicas de gestión estatal de la ciudad - entre el nivel inicial, primario y secundario-, cuando comience el nuevo ciclo lectivo. El ministerio se ocupó de justificar que esta decisión se apoya en la caída sustantiva de la tasa de natalidad. Pero hay expertos que ponen en duda el acierto de la medida y afirman que debería haberse sometido a un análisis más exhaustivo, toda vez que es una oportunidad para elevar la calidad de enseñanza en contextos que son totalmente distintos a los de décadas atrás. Y en este sentido se preguntan ¿Se puede seguir sosteniendo las mismas reglas de hace 30 años cuando se establecieron los pisos mínimos de 16 alumnos por aula? Hay quienes lo ponen en duda ante la imperiosa necesidad de incorporar múltiples saberes al ritmo de la evolución de la tecnología y de la inteligencia artificial particularmente. Y ponen un ejemplo, en Finlandia, los maestros se dieron cuenta de la importancia que tiene enseñarles a los chicos desde muy pequeños a distinguir entre material falso generado con inteligencia artificial y contenidos reales, para eso les otorgan herramientas acordes a cada edad que les permite a los niños y adolescentes estar alertas y poder diferenciarlos. Otro aspecto no menor es que hoy se pondera la inclusión de niños y adolescentes con distintos tipos de neurodivergencias, discapacidades y problemáticas sociales. Las poblaciones escolares son cada vez más heterogéneas. Esto implica la necesidad de enfoques más personalizados sobre cada estudiante, debiendo adecuar los contenidos de manera casi individual, a diferencia de lo que sucedía en otras épocas donde los alumnos la única opción que tenían era ser capaces de seguir el ritmo del docente para no quedarse atrás.

El área de salud es la segunda más beneficiada a la hora de recibir recursos en 2026. Ya en 2025 se notaron sustantivas mejoras en los centros de salud que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en infraestructura, equipamiento y políticas de prevención. Particularmente en la Comuna 11, se inauguró el CeSAC 50 (Avenida Lastra 4180), respondiendo a una larga demanda vecinal. Y el hospital Zubizarreta, que acaba de cumplir 90 años de existencia, está siendo reacondicionado en varias especialidades y en breve comenzará la construcción del nuevo edificio de cuatro plantas destinado a la atención ambulatoria. No solo se aumentará considerablemente la cantidad de boxes y consultorios externos, también se modernizará el área de quirófanos dotándolo de nuevos espacios que incorporarán la última tecnología.

En el rubro seguridad, el compromiso gubernamental es continuar incorporando recursos humanos y renovar recursos materiales y tecnológicos, pero la noticia más significativa que resonó en los últimos días es la finalización de la obra del complejo penitenciario de Marcos Paz que permitirá el traslado de los internos de la cárcel de Devoto, de las comisarías y alcaidías de la ciudad. Con ello, se espera la erradicación de la última penitenciaría que queda en territorio porteño, algo que para nuestra zona significará un rotundo cambio y abrirá un debate sobre el destino que tendrán esas tierras.

En materia de desarrollo urbano y medio ambiente, el año que acabamos de terminar nos dejó un logro cien por ciento vecinal que celebramos en la comuna 11, como fue la inauguración de la Plaza Villa Santa Rita (Avenida Jonte 3222).

En el sector de movilidad el gobierno continúa con transformaciones, entre las más destacadas está la ampliación de la autopista Dellepiane, el anuncio del inicio de la construcción de la línea "F" de subterráneos, la intención de seguir ganando tierras al río con el excedente que surja de la obra del nuevo subte y que será el punto de partida de un nuevo barrio top ubicado en "Punta Medrano" (por su cercanía a la desembocadura del arroyo que lleva este nombre). Empezará en breve el trazado de la primera línea de Trambus (T1) y hay presupuesto asignado para seguir haciendo pasos bajo nivel: Irigoyen (y vías del Ferrocarril Sarmiento), Álvarez Thomas (y vías del Ferrocarril Mitre), que se sumarán al de García Lorca (y vías del Ferrocarril Sarmiento) que sigue avanzando. Y está previsto construir el nuevo anillo vial La Pampa.

El Poder Ejecutivo se muestra decidido a llevar adelante sus políticas en un derrotero donde la democracia participativa y algunos de los institutos constitucionales continúan siendo relegados, del mismo modo, se sigue postergando ahondar en la descentralización de competencias que luego de 14 años de existencia de las comunas deberían estar funcionando a pleno, como es el presupuesto participativo y el respeto de las facultades concurrentes que todas las políticas públicas deberían atender cuando impactan sobre el territorio y/o su población.

Frente a esta realidad, la reacción de la comunidad es disímil. Hay quienes muestran absoluto desinterés por las cuestiones comunes, les preocupa nada o muy poco lo que sucede en su entorno y solo manifiestan un cierto interés si ven afectado su "metro cuadrado". Otros muchos, se interesan y tratan de estar informados sobre temas del barrio, la comuna y la ciudad, pero ello no se traduce en una participación activa, a veces obturada por la superposición de obligaciones que deben atender y otras por desconocer los mecanismos para hacerlo. Luego, están los vecinos más comprometidos, los que con genuina vocación de participación se van encontrando por temas que los impactan, se agrupan en colectivos y asociaciones que suelen ser transversales y no tienen motivaciones partidarias. Estos actores sociales son un fenómeno que está creciendo y multiplicándose. Tejen redes, que apoyadas en las nuevas tecnologías establecen canales de comunicación fluidos con circulación de información en tiempo real. Al tomar protagonismo, las fuerzas políticas no pueden desconocerlos o ignorarlos porque ejercen verdadera presión. Tienen además la cualidad de no improvisar, sus miembros se informan y profundizan en las temáticas, saben de qué están hablando, qué están demandando y conocen sus derechos dentro de la democracia. En ese involucramiento se movilizan en su afán de ser escuchados, ya sea porque que estén enfocados en proyectos puntuales o porque simplemente pretenden ejercer a pleno sus derechos a participar en los procesos de toma de decisión de las políticas públicas que se llevan adelante, entendiendo que con esto contribuyen al bien común.

En definitiva, este año 2026 es un año que nos abre nuevas oportunidades y si se da una interacción creativa puede ser muy virtuoso. Mientras el presupuesto oficial marca la hoja de ruta del Ejecutivo, la verdadera 'política arquitectónica' comienza a gestarse en esas redes vecinales que ya no esperan ser invitadas a participar, sino que reclaman su lugar por derecho propio. El desafío de nuestra democracia local será, finalmente, acortar la brecha: lograr que ese GPS de gestión no ignore la realidad del territorio y que la dirigencia comprenda que gobernar Buenos Aires hoy implica, necesariamente, sentarse a la mesa con una ciudadanía informada, organizada y profundamente comprometida con el bien común.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANÁLISIS

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO URBANÍSTICO

Lo que el foro participativo nos dejó...

Más dudas que certezas, más enojos que consensos.

De manera OnLine, se llevó adelante la segunda reunión del Foro Participativo Permanente -la primera se había concretado en noviembre de 2023- para abordar la propuesta de modificación del actual Código Urbanístico sancionado en 2018.


La convocatoria fue realizada por el Consejo Asesor Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Actuó como presentador del informe y moderador Aníbal del Olmo, Director de la Dirección General de Antropología Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a él estaba un equipo de funcionarios entre los que se encontraba Facundo Marzano Gallo, jefe de gabinete de la Dirección General de Planeamiento Urbano, que a lo largo del encuentro introdujo algunos comentarios sobre temas puntuales que se fueron abordando.

Debido a la gran cantidad de inscriptos, la reunión se subdividió en dos días, en la medida que sólo admitían hasta un tope máximo de 300 participantes.

La reunión contempló dos partes

PRIMERA PARTE. LINEAMIENTOS DEL PROYECTO

En los primeros minutos Del Olmo, apoyándose en una veintena de diapositivas, contó de manera somera, superficial y general algunos lineamientos del trabajo que viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Ciudad, que formarían parte de la propuesta de modificación del Código Urbanístico, que elevarían a la Legislatura para su tratamiento. Es de destacar que el funcionario no dio a conocer el texto del proyecto ni tampoco lo puso a disposición de los participantes.

La primera precisión que dio Del Olmo fue afirmar que no se trata de una modificación del CUR sino de un mero “Ajuste”, que surgió a partir del reclamo vecinal de la modificación.

Así, relató que hay siete asociaciones vecinales que presentaron espontáneamente proyectos de ley de modificación del CUR y otros 8 barrios que comparten al menos un aspecto de las problemáticas relevadas.

Sintetizó que partieron de esta realidad para hacer una evaluación participativa. Contó que se llevaron adelante “recorridas con vecinos y vecinas en 15 barrios de la ciudad y más de 30 reuniones de trabajo” detectando tensiones comunes y específicas de cada uno. De estas experiencias surgió un diagnóstico que evidencia problemáticas en:

• 1. Alturas y morfología.

• 2. Saturación de usos.

• 3. Retiros de frente.

• 4. Patrimonio.

A renglón seguido, Del Olmo relató en qué consistirá el “ajuste”, que se centrará en encontrar “el equilibrio urbano”, fomentar “la protección del patrimonio” e incorporar “el concepto de incentivo”, según sus propias palabras.

Dentro de este esquema se manejan algunos criterios particulares:

• 1. Diferenciar la identidad de los barrios de la identidad de los corredores, llegando a estas conclusiones a partir de estudio de la ciudad por sectores y segmentos, buscando distinguir qué identidad prima en cada uno.

• 2. Consolidar el desarrollo urbano en las subcentralidades urbanas donde se concentra la infraestructura de servicio, la matriz de transporte y la mejor cobertura de las necesidades de la vida cotidiana.

• 3. Repensar las transiciones normativas entre los barrios y los corredores evitando grandes saltos de altura.

• 4. Fomentar el completamiento de tejido y la conformación de una carpa homogénea evitando los gradientes en las manzanas.

• 5. Promover la conservación y revalorización del patrimonio urbano de la ciudad.

• 6. Incentivar la mixtura de usos para el desarrollo de las subcentralidades de escala barrial.

Traduciéndose en:

• 1. “Ajustar” las alturas en planchetas, priorizando las escalas barriales.

• 2. Impulsar el desarrollo del sur de la ciudad que tiene “espacio libre y vacante”, grandes terrenos disponibles, menos oferta inmobiliaria, menos demanda y densidad, a diferencia de la zona norte donde hay un mercado inmobiliario saturado, un desarrollo urbano más compacto, mayor demanda y oferta, y mayor densidad.

• 3. Para los barrios, se propone cuidar algunos indicadores: uso residencial unifamiliar, la altura del tejido existente, área libre por manzana (pulmón), retiros de frente de 3 metros y la huella tapiz.

Entonces, en respuesta a las tensiones relevadas, se “ajustarían”:

• 1. Alturas y morfología. En algunos barrios se ajustarán las alturas.

• 2. Ocupación del centro libre de manzana (pulmón). En USAB1 y 2 se propone disminuir la capacidad constructiva (ver cuadro)

• 3 Saturación de usos. En lo que respecta a la mixtura de usos, la única promesa sería “regular” la saturación de usos, aunque no explicó bajo qué parámetros. Y la nueva propuesta seguirá insistiendo en la mixtura de usos en toda la ciudad, evitando el zoning (antiguo código que distinguía las zonas comerciales, industriales y residenciales), promoverá la pluaralidad y garantizará la proximidad (concepto de ciudad de 15 minutos).

• 4 Retiros de frente. Se reconsiderarán los retiros de frente “en los barrios que tienen históricamente retiros”.

• 5 Patrimonio. Se intentará incorporar los 4.209 inmuebles que aún figuran en el catálogo preventivo, de los 9421 que están catalogados. Los otros 5.212 ya están incorporados con ley firme en el anexo I del Código Urbanístico).

A lo largo de su discurso, Del Olmo dejó claro que dentro de la metodología participativa, las reuniones con agrupaciones y/o vecinos autoconvocados, las dos reuniones del Foro Participativo Permanente (FPP) y las que se mantuvieron con la Comisión asesora (CA) son las únicas instancias de participación en esta etapa. Está pendiente la Audiencia Pública porque dado que se trata de una ley de doble lectura, el Poder Legislativo está obligado a convocar y escuchar la opinión de la ciudadanía.

SEGUNDA PARTE: PREGUNTAS Y DEBATE.

A lo largo de la siguiente hora las dudas, reclamos y preguntas se multiplicaron y la discusión de fondo pasó de los temas del propio Código Urbanístico a objeciones que tienen que ver con un principio básico del estado de derecho, el debido proceso y de la democracia participativa que establece la Constitución de la Ciudad.

Así lo dejaron explicitado varios participantes, al decir que estas convocatorias son parciales, segmentadas y discrecionales y uno de ellos directamente la catalogó como “fraude democrático” porque consideró que no se están abriendo las instancias establecidas en la Constitución de la Ciudad y en nuestro plexo normativo.

Tampoco faltó quien recordó que cuando se presentó el proyecto del Código Urbanístico que actualmente está en vigencia, hubo también una resistencia del Poder Ejecutivo de aquel entonces a someter a debate público y abierto la iniciativa. Y debió ser la Justicia, con interposición de medida cautelar mediante, la que determinó que los ciudadanos tenían derecho a participar y expresarse a lo largo del proceso.

Al respecto, el Observatorio de Derecho a la Ciudad en un reciente artículo lo trajo a la memoria:

“En el año 2016, en la causa carátulada "Baldiviezo, Jonatan Emanuel Y OTROS C/ GCBA S/ Amparo", Expediente Nª A24068-2016, la Jueza Elena Liberatori, dictó el día 24 de noviembre una medida cautelar ordenando al GCBA, en relación a la discusión del nuevo Código Urbanístico, que:

• "1. Elabore un cronograma de participación comunal. 

• 2. El GCBA asegurará la habilitación de canales participativos donde estén incluidos los representantes electos en los Barrios Vulnerados (villas) en cumplimiento de la ley 148. 

• 3. La convocatoria a las entidades comunales en todas las instancias de su participación. 

• 4. Ponga a disposición de los interesados la información referida a estudios, relevamientos y diagnósticos de la situación de la Ciudad, relacionada con el nuevo Código Urbanístico, y se haga saber lugar y horarios disponibles para su consulta en las mismas condiciones que sea formulada la convocatoria."

"La Jueza Liberatori, en una sentencia histórica, advirtió al gobierno que 'si solo se convoca principalmente a los empresarios que desarrollan proyectos inmobiliarios, que pertenecen a un sector de la sociedad (…) y se deja de lado a todo el resto de las instituciones, y representantes de las misma, que forman parte de la sociedad civil, las perspectivas a ser explicitadas en los nuevos Código Urbanístico y Código de Edificación tendrán un sesgo que no reflejará la posición que pueden llegar a manifestar los miembros del resto de la sociedad civil'”

Otro reclamo que se hizo presente de manera reiterada es que se ponga a disposición de la población el proyecto con todo su articulado, única manera de acceder a información fehaciente que permita un análisis pormenorizado y permita un debate sobre puntos concretos que hoy se desconocen.

Una crítica fuerte a los funcionarios fue el hecho de que no presentaron un dictámen ni documentación pública que acredite los monitoreos, las evaluaciones y mucho menos un borrador del proyecto de ley, que se debieron hacer.

Los participantes pusieron énfasis en que debería tratarse previamente la actualización del Plan Urbano Ambiental y la sanción del Código Ambiental (como mandó la Justicia) para que las modificaciones del CUR se ajusten a esas normativas.

Otras quejas fueron por el tratamiento que le están dando a los bienes patrimoniales que se traducen en demoliciones a pesar que se supone que son inmuebles protegidos.

Por supuesto, también hubo consultas sobre particularidades del Código Urbanístico que hoy están impactando de lleno a los barrios pero que parece que no se modificarán o si se lo hace, tampoco quedó claro bajo que parámetros. En este sentido, se puso sobre la mesa, qué va a pasar con la mixtura de usos y si se corre el riesgo que siga siendo un dolor de cabeza en los barrios residenciales, los enrases y las plusvalías son otras preocupaciones latentes que los funcionarios dijeron que permanecerán.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS QUE SE CORREN SI EL AJUSTE DEL CUR NO ES LA RESULTANTE DEL CONSENSO?

Como conclusión, y como lo expresamos en el título, esta reunión dejó más dudas que certezas y más enojos que consensos.

Y quienes de alguna manera atravesamos por la experiencia del debate previo que se dio a la sanción del presente Código Urbanístico, desearíamos que no se vuelvan a cometer errores similares a los del pasado.

Uno observa que a este paso, es posible que el “Ajuste” del Código Urbanístico se reintente impulsar “haciendo que se escucha a los vecinos” cuando en realidad no se les abren los verdaderos canales de participación que deberían haberse iniciado en los Consejos Consultivos Comunales y las Juntas Comunales (que tienen facultades concurrentes en esta materia) y continuarse con todas las expresiones sectoriales que puedan tener lugar, no sin antes proveer de información fehaciente y pormenorizada de todos los cambios en marcha.

Esto garantizaría que llegue a la Legislatura un texto consensuado que luego no se enfrente a conflictos sociales y nulidades en la justicia, por no haber respetado el Estado de Derecho y el Debido Proceso.

Al respecto, baste recordar que el 6 de mayo la jueza de primera instancia Lidia Liberatore declaró “la nulidad de las Leyes 6100 (Código de Edificación) y 6438 (en los artículos del código que lesionan el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad).

En un extenso fallo de 53 páginas la magistrada entendió que “los derechos de participación ciudadana fueron violados durante el procedimiento de doble lectura requerido para modificar el Código de Edificación, porque no se dio cabal cumplimiento a la Ley de Audiencias Públicas, a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.”

Esta medida si bien fue apelada por el Gobierno de la Ciudad deja un claro precedente que si no se respetan las instancias de la democracia participativa, los vecinos hacen reserva de sus derechos como ciudadanos.

Cuando las instituciones no saben, no quieren o no pueden resolver problemáticas a través de legislaciones y políticas públicas eficientes y eficaces, en este caso, la planificación urbana, se producen deterioros en la calidad de vida de los habitantes por transformaciones que la mayoría de las veces se tornan irreversibles y empujan a procesos de gentrificación expulsando a los habitantes de su lugar de residencia, también habilitan, y este no es un dato menor, a una inseguridad jurídica que ningún inversor, emprendedor ni desarrollador desea atravesar porque pone en riesgo su capital y oportunidades de negocio.

De manera tal, que lo más saludable es, y aún estamos a tiempo de ello, que no se incurra en los mismos errores que llevaron a vecinos de 18 barrios a salir a reclamar, organizarse y estar decididos a cambiar un Código Urbanístico que consideran que está destruyendo su hábitat.

Quienes entienden del tema, dejan un último interrogante: con el actual CUR los desarrolladores ya están autorizados a construir 42.000.000 m2, de los cuales solo se llevan construidos poco más de 6.000.000 m2. Si no se declara la emergencia urbanística y ambiental para rever estas autorizaciones, aún cuando la modificación del CUR implicara mejoras sustanciales para los vecinos, ¿Se traducirán en el corto y mediano plazo en obras concretas o durante muchos años se seguirá construyendo bajo la normativa de este código que se pretende “ajustar”?.

Por eso, hay expertos que argumentan que si el “ajuste” se limita a una medida gatopardista (cambiar algo en la letra de la ley, para que nada cambie), el conflicto no solo no va a desaparecer sino que se va a acrecentar. A la par, como este “ajuste” del código no tiene en cuenta una planificación de mediano y largo plazo -porque no se actualizó el PUA y no se sancionó el Código Ambiental-, no ponderan los dos grandes riesgos que la crisis climática puede ocasionar a nuestra ciudad, como son las inundaciones y las olas de calor que se potencian con la cementación y la ausencia de tierras absorbentes, y que sumados a otros problemas de infraestructura y deficiencias de servicios públicos, podrían acarrear consecuencias que hagan que nuestra ciudad se torne en inviable en el término de los próximos 10 años.

EDITORIALES

NOTA DE TAPA

LOS PORTEÑOS QUIEREN SABER DE QUE SE TRATA

Escribe: Lic. MÓNICA RODRÍGUEZ. Dirección

El próximo 10 de diciembre los argentinos estaremos celebrando 40 años viviendo en democracia ininterrumpida, algo que no es poco en un país que tuvo los anteriores 50 años signados por continuos golpes institucionales que derrocaron gobiernos legítimamente elegidos por el pueblo.

Estas cuatro décadas no han sido fáciles y el resultado es una democracia imperfecta, que algunos denominan de “baja intensidad” porque tiene grandes asignaturas pendientes, sobretodo en materia institucional, social y económica. Es una democracia donde la clase política no ha sabido zanjar sus diferencias más elementales -está a la vista que se han profundizado- para arribar a un proyecto nacional equitativo con directrices que garanticen la inclusión de los sectores más vulnerables y una movilidad social ascendente que premie a quienes día a día luchan para seguir adelante y trazarse un mejor porvenir.

En ese devenir de nuestro país, se produjo la reforma constitucional de 1994 en la que se le otorgó a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía, sin dejar de ser capital de la república y asiento del gobierno federal.

Este fue el puntapié inicial para que la Convención Constituyente porteña sancionara el 1º de octubre de 1996 una Carta Magna progresista que consagra para nuestra urbe una democracia participativa, atribuyéndole al ciudadano un rol directo y protagónico. Así se contempla que el “vecino” deberá ser convocado a Audiencias Públicas para la sanción de determinadas leyes, podrá apelar al derecho de iniciativa popular, ser llamado a votar en referéndums o bien invitado a votar en consultas populares no vinculantes. Inclusive el electorado se reserva el derecho a requerir una revocatoria de mandato de funcionarios cuando hubiere causas que lo ameriten.

Pero el aporte más sustantivo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires al ejercicio de la democracia participativa es la creación de las comunas (art. 127 y ss.). Concebidas como “unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial”. 

En Villa Devoto el colectivo "DEVOTO UNIDO"
lucha para reformar el Código Urbanístico,
el Distrito del Vino y mantener una mejor convivencia
con el polo gastronómico

Esta ley de leyes les asigna a estas unidades políticas y administrativas facultades exclusivas en sus territorios sobre temas relevantes, como la elaboración de un anteproyecto de presupuesto anual, y la ejecución del mismo; la iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo; el mantenimiento de las vías secundarias y los espacios verdes; y la administración de su patrimonio. Y también les otorga facultades concurrentes con el poder central de la ciudad, entre otras se hallan el fiscalizar y controlar el cumplimiento de normas sobre los usos del espacio público y el suelo conforme lo asigne la ley; decidir y ejecutar obras públicas, prestar servicios públicos, ejercer el poder de policía, evaluar demandas y necesidades sociales, participar en la planificación y control de los servicios.

Siguiendo los preceptos constitucionales, las comunas cuentan con un órgano ejecutivo, la Junta Comunal, con siete integrantes elegidos en forma directa con arreglo al sistema de representación proporcional, conforme al caudal de votos obtenido por los distintos partidos políticos. Otro instituto fundamental es el Consejo Consultivo Comunal, un órgano “de deliberación, asesoramiento, canalización de demandas, elaboración de propuestas, definición de prioridades presupuestarias y de obras públicas y seguimiento de gestión”, integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, otras formas de organización, redes y vecinos domiciliados dentro del territorio.

Es así como la legislación que estructura institucionalmente la ciudad garantiza la democracia participativa y abre camino al ejercicio pleno de la misma en la toma de decisiones políticas.

Sin embargo, esta voluntad de los constituyentes y legisladores que quedó plasmada en la letra de molde y en el papel no encontró una rápida implementación.

En Villa Santa Rita, los vecinos agrupados en el colectivo

#unaplazaparavillasantarita lograron que pronto

esa demanda será una realidad

En este sentido, podríamos comenzar diciendo que el proceso de creación de las comunas se demoró casi quince años y estas unidades de descentralización recién vieron la luz en el año 2011. Y desgraciadamente esto no ocurrió porque fuera la voluntad política de los gobernantes de turno sino que se debió a una interposición ante la justicia de un pueblo que no se resignó a seguir demorando el ejercicio de sus legítimos derechos.

A doce años de aquel nacimiento debemos decir que los vecinos de la ciudad seguimos pariendo la democracia participativa con forceps porque hoy el texto constitucional se sigue asemejando a una suerte de catálogo de buenas intenciones y políticas públicas incumplidas.

Es así como salvo algunas excepciones, el funcionamiento de las comunas es deficiente, burocrático y atiende más a las directivas que bajan del gobierno central que a responder a las demandas de la representación que le deviene de sus electores.

A resultas de lo cual vivimos en jurisdicciones donde las facultades exclusivas de la comuna solo pueden ser ejecutadas en función del presupuesto que determine y devengue el Poder Ejecutivo porque nunca se les permitió a las comunas elaborar su propio presupuesto participativo, donde queden plasmadas las prioridades, una vez debatidas y consensuadas por la ciudadanía de cada territorio. A tal punto llega la dependencia y ausencia de descentralización que la mayoría de estas unidades políticas no disponen de CUIT propio ante la autoridad fiscal y el presupuesto participativo fue suplido algunos años por “Buenos Aires elige”, una plataforma digital donde los vecinos podían volcar sugerencias para sus barrios.

Si nos referimos a las facultades concurrentes también está obturada la participación real del vecino en el diseño, implementación y control de las políticas públicas que se llevan a cabo en sus barrios, porque los órganos naturales, que son los Consejos Consultivos, no funcionan adecuadamente y/o no existe un diálogo con las juntas comunales para articular sus sugerencias y propuestas.

En su lugar, se suele invitar a los vecinos a “reuniones de cercanía” con los funcionarios donde en general se promueve y se privilegia dar la palabra a reclamos de carácter individual a vecinos que apuntan a “su metro cuadrado” antes que dar lugar a planteos de preocupaciones generales y colectivas.

Dentro de esta dinámica y funcionamiento la coalición gobernante supo tejer alianzas con otras fuerzas políticas en la legislatura, logrando conformar las mayorías suficientes para sancionar leyes que fueron diseñando un modelo de ciudad que nunca se ocupó de pasar por el tamiz de la democracia participativa y a medida que avanza va encontrando oposición en vecinos que sufren las consecuencias directas de políticas que impactan de lleno en su calidad de vida y por ello comienzan a alzar la voz porque quieren ser partícipes, sienten que la ciudad es de quienes residimos en ella.

Algunas de las políticas que están siendo más controvertidas son las que tienen que ver con la sanción e implementación de los nuevos Códigos Urbanísticos y de Edificación que se llevaron adelante antes de haber cumplimentado el obligado paso previo que debió haber sido la actualización del Plan Urbano Ambiental; los proyectos a realizarse sobre el borde costero, la venta de tierras públicas; las “calles verdes”; las obras realizadas sobre el casco histórico; el déficit de espacios verdes y tierras absorbentes frente al efecto isla de calor y amenaza de inundaciones producto de la crisis climática; el uso y abuso del espacio público y la creación de distritos económicos, como el distrito del vino en la Comuna 11, están movilizando a la población.

Es así como muchos vecinos que no encuentran por dónde canalizar sus reclamos y a la vez sienten que se les cercena su derecho a la participación, se van conectando entre sí, arman grupos de Whatsapp, se reúnen, se organizan y van formando colectivos con demandas que suelen ser muy concretas. Algunos encuentran respuestas satisfactorias en la Justicia y/o en otros casos presentan proyectos legislativos acompañados por ONGs y profesionales que colaboran y le dan el status técnico necesario. Por este camino fueron y han conseguido pequeños grandes triunfos los vecinos de avenida Honorio Pueyrredón que obligaron a partir de una cautelar judicial que el Poder Ejecutivo tuviera que cumplir todos los pasos legales para llevar adelante la “calle verde”; colectivos de Bajo Belgrano, Nuñez y Barrio River consiguieron una limitación al Código Urbanístico para construir en altura en esas zonas; en Villa Santa Rita un grupo de residentes trabajaron para que el barrio -el único de la ciudad que no tiene espacio verde público- muy pronto tenga su primera plaza. En el tintero permanecen un sinfín de reclamos de decenas y decenas de grupos vecinales que siguen bregando por la resolución de sus demandas.

Pero lo que resulta más interesante es que muchas de estas agrupaciones se van interconectando, conforman redes donde las experiencias de unos son recogidas por otros y se va construyendo una espiral virtuosa de aprendizajes ciudadanos. Así se fueron estableciendo vínculos más consolidados que posibilitan que algunos de estos actores sociales se animen a lanzarse como una nueva fuerza política que buscará en las próximas elecciones pasar a tener algún nivel de representación.

Es así como en la ciudad de Buenos Aires, donde los porteños muchas veces somos tildados de individualistas, vemos que la indiferencia va dando paso a un interés real por “saber de qué se tratan” las políticas públicas que se llevan adelante en nuestra ciudad y particularmente en nuestros barrios, un ejemplo de mancomunión social que parte de la base misma de una comunidad que va presionando con la genuina intención de ejercer a pleno los legítimos derechos que le otorga la democracia participativa, entendiendo que los gobiernos cumplen sus mandatos, los funcionarios pasan y los vecinos quedamos disfrutando de las buenas políticas públicas o padeciendo las malas decisiones.

¿Usted qué opina?

CIUDAD DE BUENOS AIRES

EN DEBATE

PLAN URBANO AMBIENTAL
La columna vertebral de Buenos Aires

Si hay una ley medular que regula los temas más estratégicos de la ciudad en términos de desarrollo urbano y planificación, es el Plan Urbano Ambiental (PUA), una asignatura que la ciudad tiene pendiente hace 7 años y que debería haber sido tratado mucho antes que los Códigos Urbanístico y de Edificación que deben encuadrarse en esta ley madre, del mismo modo que deben hacerlo los códigos de transporte (que nunca se dictó) y el de habilitaciones y verificaciones.

A mediados de este año, el Gobierno de la Ciudad decidió impulsar la discusión del modelo de ciudad que debe imponerse y estar a la altura de desafíos tales como el cambio climático, la digitalización y la gobernanza metropolitana, al mismo tiempo que se garantizará una ciudad sostenible, resiliente, diversa y con perspectiva de género.

Este instrumento técnico-político, plasmado en la ley 2930/08, tiene como objetivos específicos:

• Mejorar la calidad de vida de la población.
• Promover un desarrollo más equilibrado y equitativo de la Ciudad.
• Generar el consenso y compromiso con los distintos sectores de la sociedad.
• Promover y hacer más eficientes las inversiones públicas y privadas en términos sociales, ambientales, urbanísticos y económicos.
• Promover la gestión integral entre las áreas gubernamentales de la Ciudad y las jurisdicciones metropolitanas.
• Tender a que todos los vecinos de la Ciudad tengan acceso a disponer de aire, agua y alimentos, química y bacteriológicamente seguros, a circular y habitar en áreas libres de residuos, de contaminación visual y sonora y ambientalmente sanas, al uso y goce de espacios verdes y abiertos;
• Preservar el patrimonio cultural, arquitectónico y ambiental.

El proceso de debates abiertos dio inicio a mediados de año y durante el contexto de aislamiento por el Coronavirus los encuentros se están desarrollando de manera virtual.

La actualización del PUA se puso en marcha a través del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Este proceso requiere la participación y compromiso por parte de las organizaciones vecinales, instituciones, cámaras, organizaciones de la sociedad civil, legisladores, y autoridades de las 15 comunas de la Ciudad. El trabajo es conjunto y la mirada antropológica surge como la herramienta que permite articular el abordaje de proyectos en términos de planificación urbana y territorial.

Desde el punto de vista teórico y en los papeles, el gobierno asegura se trabaja en simultáneo en tres instancias participativas que se retroalimentan y que ayudan a delinear un diagnóstico con perspectiva antropológica y territorial, para enriquecer y ajustar la planificación de estrategias de intervención pública a los problemas y necesidades concretas de los vecinos.

Nivel 1: Agenda estratégica de la ciudad.

Nivel 2: Plan de Comunas

Nivel 3: Lineamientos metropolitanos

El proceso se co-produce por niveles con socios estratégicos que van enriqueciendo cada nivel por separado y que nutre al conjunto.

En cada uno de los niveles supone que se trabaja en equipo con los diferentes actores sociales y gubernamentales relacionados a cada temática específica. Asimismo cada uno tiene una serie de productos asociados que quedarán como legado: Una agenda estratégica para la Ciudad, quince planes de comuna y lineamientos estratégicos para la región metropolitana de Buenos Aires.

Además el COPUA cuenta con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo urbano de la Ciudad, que a través de las Direcciones Generales de Antropología Urbana y Planeamiento urbano están dando acompañamiento técnico a las distintas actividades y hay instituciones que conforman la Comisión Asesora Permanente, entre otros: CAI- Centro Argentino de Ingenieros, CPAU-Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, SAPLAT- Sociedad Argentina de Planificación Territorial, FARN-Fundación Ambiente y recursos naturales, SCA - Sociedad Central de Arquitectos…

Llama la atención que en esta como en otras oportunidades las instancias de diálogo y participación comunitaria en lo que respecta a las comunas estén tan alejadas de las instituciones naturales que prevé la Constitución de la Ciudad y la ley 1777 de Comunas.

El Gobierno de la Ciudad suele implementar “sistemas de participación” ad hoc, saltando la institucionalidad vigente y que sumado a la escasa y/o deficiente comunicación hace que merme sustantivamente la posibilidad de los vecinos y entidades de intervenir en el debate. A ello se suma que ante la pandemia estas discusiones son virtuales y el gobierno dispuso que la cantidad de participantes por cada encuentro virtual no puede exceder las 100 personas.

En las Comunas 9 y 11 donde ya se llevaron a cabo estas reuniones comunales “pasaron cosas” -como dijo alguna vez el Presidente Macri (mandato cumplido) y hoy ya forma parte del acervo popular-. En el caso de la primera, no fueron notificadas ni invitadas a participar las autoridades de la junta comunal ni del Consejo Consultivo.

En la Comuna 11 la reunión se llevó a cabo el 4 de noviembre y en este caso, ni los Comuneros oficialistas ni los de la oposición extendieron a las instituciones intermedias y vecinos de su distrito la invitación a formar parte del debate. Tampoco se notificó a los medios de comunicación regionales para que el evento llegara a oídos de los vecinos.

Muchos vecinos pueden pensar que este tema está lejos de sus vidas, pero hete aquí que todo los que se decida en esta materia, impactará de lleno en los próximos años en el día a día de todos los habitantes de esta ciudad.

La democracia se construye haciendo, no “haciendo que hacemos”, esto último es mero gatopardismo.

EDITORIAL

CIUDAD DE BUENOS AIRES

POR DERECHO PROPIO

“La legitimidad de una decisión no puede basarse sólo en la legitimidad de la autoridad que la toma, sino que debe apoyarse también en la legitimidad del proceso que condujo a tomar esa decisión”.

Blondiaux

Escribe: Lic. MÓNICA RODRIGUEZ

Desde que Buenos Aires concretó su autonomía y dictó su Constitución en 1996 organizó sus instituciones como una democracia participativa y a la vez se descentralizó en Comunas: “unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial, con facultades exclusivas y concurrentes”.

Después de 23 años de aquel trascendental paso que convirtió a la capital de los argentinos en una Ciudad – Estado con rango similar al de una provincia, los porteños seguimos pujando por nuestros derechos, ya sea porque la Nación nos adeuda el traspasado de potestades propias como la Justicia penal, la Terminal de Ómnibus de Retiro y el Puerto de Buenos Aires o porque nuestros propios institutos locales no funcionan de acuerdo al espíritu con los que los consagraron los constituyentes y luego los legisladores que regularon su funcionamiento, es el caso de la Ley 1777, conocida también como ley de comunas.

En el mes de octubre finalizó en nuestro país un trascendente proceso en el que elegimos autoridades nacionales y de nuestra ciudad: Jefe de Gobierno, Legisladores y Comuneros.

En el caso de las Comunas fue la tercera vez que entremos al cuarto oscuro para elegir a los juntistas.

Sin embargo, muchos vecinos no tienen en claro cuál es su rol y se preguntan si estas figuras sirven.

Impera en esta materia el desconocimiento, la desinformación y las comunas tampoco están funcionando como deberían. Las normas no se cumplen, se cumplen parcialmente o se distorsionan en su aplicación.

Por qué decimos esto?. Pongamos algunos ejemplos de lo que está sucediendo. Muy pocos saben que en la votación del 27 de octubre, las boletas de los candidatos a las Juntas Comunales deberían haber ido en boletas separadas del resto. Parece un punto menor, pero no lo es.

El gobierno central no ha cumplido con la Ley de Comunas y las sigue manteniendo prácticamente como simples oficinas regionales, como eran antiguamente los C.G.P; nombró a más de medio centenar de gerentes que erosionan las funciones propias de los representantes de los vecinos. En términos reales, hasta ahora las comunas prácticamente son delegaciones desconcentradas donde el vecino puede volcar sus demandas, reclamos, inquietudes, quejas y hacer trámites pero no opera la verdadera descentralización porque el gobierno central no respeta su autonomía y no les otorga presupuesto propio. Por supuesto, para funcionar, como cualquier oficina pública se les asignan partidas, pero ese presupuesto en cuanto a su destino debería ser determinado y manejado por la Comunas.

Y así como no funcionan adecuadamente las juntas comunales tampoco lo hacen los Consejos Consultivos, órgano por excelencia de participación vecinal en la elaboración del presupuesto participativo, de debate de proyectos y propuestas, del proceso de toma de decisiones y de control de gestión de la Junta Comunal. Una institución conformada por vecinos y organizaciones de la sociedad civil que de manera voluntaria y ad honoren colaboran para el bien común.

En este marco deberían darse las reuniones de funcionarios del gobierno central con los vecinos, para informar y someterse a los requerimientos que se les haga.

Sin embargo, la misión de este órgano democrático fundamental para las comunas está siendo reemplazada por “reuniones de cercanía”, “charlas de café exclusivas” de funcionarios con vecinos seleccionados desde un escritorio, el “Buenos Aires Elige” una plataforma digital para hacer presentaciones y/ o votar propuestas que son seleccionadas de manera poco transparentes y además desvirtúa el rol que el vecino debería tener en la elaboración del presupuesto participativo (cuánto, cómo y en qué se gasta) Ahora, la última estrella es el tecnológico “Boti”, el robot de la ciudad que te atiende por whatsapp pero es incapaz de responder qué es el Consejo Consultivo Comunal.

Este despojo que se le hace al ciudadano de lo que por derecho propio le corresponde no es gratis ni inocuo para ninguno de los actores que participamos de la vida democrática.

Blondiaux, autor del “El nuevo espíritu de la democracia”, dice… “La legitimidad de una decisión no puede basarse sólo en la legitimidad de la autoridad que la toma, sino que debe apoyarse también en la legitimidad del proceso que condujo a tomar esa decisión”.

Hay vecinos que aún desconocen sus derechos y toman las dinámicas propuestas por las autoridades de la ciudad como naturales, aunque no lo sean.

Otros están dispuestos a ejercer su ciudadanía a pleno y quieren ser artífices de su propio destino. Para ello se van abriendo camino de manera creativa, en diálogo con sus pares, en la confección de lazos de confianza, en la comunicación y elaboración de proyectos colaborativos, que luego son consensuados o contrastados con las autoridades hasta el punto que éstas deben ceder ante la presión y contundencia de los reclamos. De estos colectivos van surgiendo nuevos dirigentes sociales, algunos de los cuales van canalizando su participación en espacios políticos.

En estas elecciones algunas valiosas personas presentaron su candidatura y tienen en su ADN la impronta que las comunas deben funcionar dentro del marco de la ley y la democracia participativa, y así lo expusieron en los debates televisivos.

Poco a poco y a pesar de la resistencia, la democracia representativa va dando lugar a la democracia participativa en un camino sin retorno. Así, los vecinos nos vamos emponderando y transformando en verdaderos protagonistas de la construcción de nuestro futuro común, porque como dijo algún gran estadista “Los males de la democracia siempre se curan con más democracia!”.