EDITORIALES

NOTA DE TAPA

LOS PORTEÑOS QUIEREN SABER DE QUE SE TRATA

Escribe: Lic. MÓNICA RODRÍGUEZ. Dirección

El próximo 10 de diciembre los argentinos estaremos celebrando 40 años viviendo en democracia ininterrumpida, algo que no es poco en un país que tuvo los anteriores 50 años signados por continuos golpes institucionales que derrocaron gobiernos legítimamente elegidos por el pueblo.

Estas cuatro décadas no han sido fáciles y el resultado es una democracia imperfecta, que algunos denominan de “baja intensidad” porque tiene grandes asignaturas pendientes, sobretodo en materia institucional, social y económica. Es una democracia donde la clase política no ha sabido zanjar sus diferencias más elementales -está a la vista que se han profundizado- para arribar a un proyecto nacional equitativo con directrices que garanticen la inclusión de los sectores más vulnerables y una movilidad social ascendente que premie a quienes día a día luchan para seguir adelante y trazarse un mejor porvenir.

En ese devenir de nuestro país, se produjo la reforma constitucional de 1994 en la que se le otorgó a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía, sin dejar de ser capital de la república y asiento del gobierno federal.

Este fue el puntapié inicial para que la Convención Constituyente porteña sancionara el 1º de octubre de 1996 una Carta Magna progresista que consagra para nuestra urbe una democracia participativa, atribuyéndole al ciudadano un rol directo y protagónico. Así se contempla que el “vecino” deberá ser convocado a Audiencias Públicas para la sanción de determinadas leyes, podrá apelar al derecho de iniciativa popular, ser llamado a votar en referéndums o bien invitado a votar en consultas populares no vinculantes. Inclusive el electorado se reserva el derecho a requerir una revocatoria de mandato de funcionarios cuando hubiere causas que lo ameriten.

Pero el aporte más sustantivo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires al ejercicio de la democracia participativa es la creación de las comunas (art. 127 y ss.). Concebidas como “unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial”. 

En Villa Devoto el colectivo "DEVOTO UNIDO"
lucha para reformar el Código Urbanístico,
el Distrito del Vino y mantener una mejor convivencia
con el polo gastronómico

Esta ley de leyes les asigna a estas unidades políticas y administrativas facultades exclusivas en sus territorios sobre temas relevantes, como la elaboración de un anteproyecto de presupuesto anual, y la ejecución del mismo; la iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo; el mantenimiento de las vías secundarias y los espacios verdes; y la administración de su patrimonio. Y también les otorga facultades concurrentes con el poder central de la ciudad, entre otras se hallan el fiscalizar y controlar el cumplimiento de normas sobre los usos del espacio público y el suelo conforme lo asigne la ley; decidir y ejecutar obras públicas, prestar servicios públicos, ejercer el poder de policía, evaluar demandas y necesidades sociales, participar en la planificación y control de los servicios.

Siguiendo los preceptos constitucionales, las comunas cuentan con un órgano ejecutivo, la Junta Comunal, con siete integrantes elegidos en forma directa con arreglo al sistema de representación proporcional, conforme al caudal de votos obtenido por los distintos partidos políticos. Otro instituto fundamental es el Consejo Consultivo Comunal, un órgano “de deliberación, asesoramiento, canalización de demandas, elaboración de propuestas, definición de prioridades presupuestarias y de obras públicas y seguimiento de gestión”, integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, otras formas de organización, redes y vecinos domiciliados dentro del territorio.

Es así como la legislación que estructura institucionalmente la ciudad garantiza la democracia participativa y abre camino al ejercicio pleno de la misma en la toma de decisiones políticas.

Sin embargo, esta voluntad de los constituyentes y legisladores que quedó plasmada en la letra de molde y en el papel no encontró una rápida implementación.

En Villa Santa Rita, los vecinos agrupados en el colectivo

#unaplazaparavillasantarita lograron que pronto

esa demanda será una realidad

En este sentido, podríamos comenzar diciendo que el proceso de creación de las comunas se demoró casi quince años y estas unidades de descentralización recién vieron la luz en el año 2011. Y desgraciadamente esto no ocurrió porque fuera la voluntad política de los gobernantes de turno sino que se debió a una interposición ante la justicia de un pueblo que no se resignó a seguir demorando el ejercicio de sus legítimos derechos.

A doce años de aquel nacimiento debemos decir que los vecinos de la ciudad seguimos pariendo la democracia participativa con forceps porque hoy el texto constitucional se sigue asemejando a una suerte de catálogo de buenas intenciones y políticas públicas incumplidas.

Es así como salvo algunas excepciones, el funcionamiento de las comunas es deficiente, burocrático y atiende más a las directivas que bajan del gobierno central que a responder a las demandas de la representación que le deviene de sus electores.

A resultas de lo cual vivimos en jurisdicciones donde las facultades exclusivas de la comuna solo pueden ser ejecutadas en función del presupuesto que determine y devengue el Poder Ejecutivo porque nunca se les permitió a las comunas elaborar su propio presupuesto participativo, donde queden plasmadas las prioridades, una vez debatidas y consensuadas por la ciudadanía de cada territorio. A tal punto llega la dependencia y ausencia de descentralización que la mayoría de estas unidades políticas no disponen de CUIT propio ante la autoridad fiscal y el presupuesto participativo fue suplido algunos años por “Buenos Aires elige”, una plataforma digital donde los vecinos podían volcar sugerencias para sus barrios.

Si nos referimos a las facultades concurrentes también está obturada la participación real del vecino en el diseño, implementación y control de las políticas públicas que se llevan a cabo en sus barrios, porque los órganos naturales, que son los Consejos Consultivos, no funcionan adecuadamente y/o no existe un diálogo con las juntas comunales para articular sus sugerencias y propuestas.

En su lugar, se suele invitar a los vecinos a “reuniones de cercanía” con los funcionarios donde en general se promueve y se privilegia dar la palabra a reclamos de carácter individual a vecinos que apuntan a “su metro cuadrado” antes que dar lugar a planteos de preocupaciones generales y colectivas.

Dentro de esta dinámica y funcionamiento la coalición gobernante supo tejer alianzas con otras fuerzas políticas en la legislatura, logrando conformar las mayorías suficientes para sancionar leyes que fueron diseñando un modelo de ciudad que nunca se ocupó de pasar por el tamiz de la democracia participativa y a medida que avanza va encontrando oposición en vecinos que sufren las consecuencias directas de políticas que impactan de lleno en su calidad de vida y por ello comienzan a alzar la voz porque quieren ser partícipes, sienten que la ciudad es de quienes residimos en ella.

Algunas de las políticas que están siendo más controvertidas son las que tienen que ver con la sanción e implementación de los nuevos Códigos Urbanísticos y de Edificación que se llevaron adelante antes de haber cumplimentado el obligado paso previo que debió haber sido la actualización del Plan Urbano Ambiental; los proyectos a realizarse sobre el borde costero, la venta de tierras públicas; las “calles verdes”; las obras realizadas sobre el casco histórico; el déficit de espacios verdes y tierras absorbentes frente al efecto isla de calor y amenaza de inundaciones producto de la crisis climática; el uso y abuso del espacio público y la creación de distritos económicos, como el distrito del vino en la Comuna 11, están movilizando a la población.

Es así como muchos vecinos que no encuentran por dónde canalizar sus reclamos y a la vez sienten que se les cercena su derecho a la participación, se van conectando entre sí, arman grupos de Whatsapp, se reúnen, se organizan y van formando colectivos con demandas que suelen ser muy concretas. Algunos encuentran respuestas satisfactorias en la Justicia y/o en otros casos presentan proyectos legislativos acompañados por ONGs y profesionales que colaboran y le dan el status técnico necesario. Por este camino fueron y han conseguido pequeños grandes triunfos los vecinos de avenida Honorio Pueyrredón que obligaron a partir de una cautelar judicial que el Poder Ejecutivo tuviera que cumplir todos los pasos legales para llevar adelante la “calle verde”; colectivos de Bajo Belgrano, Nuñez y Barrio River consiguieron una limitación al Código Urbanístico para construir en altura en esas zonas; en Villa Santa Rita un grupo de residentes trabajaron para que el barrio -el único de la ciudad que no tiene espacio verde público- muy pronto tenga su primera plaza. En el tintero permanecen un sinfín de reclamos de decenas y decenas de grupos vecinales que siguen bregando por la resolución de sus demandas.

Pero lo que resulta más interesante es que muchas de estas agrupaciones se van interconectando, conforman redes donde las experiencias de unos son recogidas por otros y se va construyendo una espiral virtuosa de aprendizajes ciudadanos. Así se fueron estableciendo vínculos más consolidados que posibilitan que algunos de estos actores sociales se animen a lanzarse como una nueva fuerza política que buscará en las próximas elecciones pasar a tener algún nivel de representación.

Es así como en la ciudad de Buenos Aires, donde los porteños muchas veces somos tildados de individualistas, vemos que la indiferencia va dando paso a un interés real por “saber de qué se tratan” las políticas públicas que se llevan adelante en nuestra ciudad y particularmente en nuestros barrios, un ejemplo de mancomunión social que parte de la base misma de una comunidad que va presionando con la genuina intención de ejercer a pleno los legítimos derechos que le otorga la democracia participativa, entendiendo que los gobiernos cumplen sus mandatos, los funcionarios pasan y los vecinos quedamos disfrutando de las buenas políticas públicas o padeciendo las malas decisiones.

¿Usted qué opina?