jueves, 14 de agosto de 2025

INSTITUCIONALES

PROYECTO LEGISLATIVO


APOYO A LOS CLUBES DE BARRIO

Una propuesta que busca que se reintegre el 40% de las tarifas de luz y gas a estas entidades deportivas que cumplen una importante función social




El legislador Alejandro Grillo, autor de esta iniciativa, propone aliviar los costos energéticos de las entidades inscriptas en el RUID y sostener su rol social, deportivo y cultural. 

El próximo 20 de agosto se hará una presentación oficial en el Palacio Legislativo.

En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se presentó un proyecto de ley que apunta a aliviar el peso de las tarifas de energía sobre los clubes de barrio, instituciones históricas que sostienen el tejido social y deportivo de la Ciudad. La propuesta, impulsada por el legislador porteño Alejandro Grillo, establece un reintegro del 40 % en las facturas de luz y gas para las entidades inscriptas y con la documentación al día en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID).

Alejandro Grillo. Legislador porteño (UP)
La iniciativa se fundamenta en el reconocimiento del rol central que cumplen estos espacios como lugares de encuentro, formación y pertenencia. “Los clubes son un modelo de construcción social que vamos a defender. Son lugares de contención, donde muchos crecimos”, afirmó Grillo, subrayando que su objetivo es brindar una respuesta concreta frente a los incrementos de tarifas que afectan a las instituciones comunitarias.

El proyecto contempla que el reintegro se realice de manera directa, dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la documentación correspondiente, y que el beneficio tenga vigencia durante dos años a partir de la reglamentación de la norma. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Deportes de la Ciudad.

Para Grillo, la defensa de los clubes implica preservar un patrimonio intangible: “Cuando un club cierra, parte de la comunidad muere con él”. En ese sentido, consideró que el Estado debe asumir un rol activo para garantizar su continuidad, no solo por su valor deportivo, sino también por el aporte que hacen a la cohesión social, la participación democrática y la identidad barrial.

La presentación pública del proyecto será el miércoles 20 de agosto a las 17 en el Salón Jauretche del Palacio Legislativo, en Perú 160. El encuentro convocará a dirigentes de clubes, referentes deportivos, legisladores y vecinos, con la intención de visibilizar la importancia de esta política y sumar adhesiones para su aprobación.

martes, 12 de agosto de 2025

VILLA DEVOTO

PATRIMONIO PÚBLICO


EL PALACIO CECI ESTÁ RECUPERANDO TODO SU ESPLENDOR.

¿Cuál será su destino?

El Gobierno de la Ciudad está realizando visitas guiadas para mostrar cómo avanza la restauración del Palacio Ceci
El ministro de infraestructura, Pablo Bereciartua , informó que esperan terminar la obra a fin de año. 
Las autoridades hasta el momento no han comunicado cuál será el destino que le darán a la residencia.


Para mostrar lo que se están haciendo allí, en los últimos meses el Gobierno de la Ciudad invitó a residentes y periodistas a realizar visitas guiadas en la que los participantes pudieron apreciar los sectores del palacio en los que los trabajos muestran la recuperación y cómo se le están devolviendo la belleza original a este edificio emblemático.


¿EN QUE CONSISTE LA RESTAURACIÓN?

La “PUESTA EN VALOR Y ADECUACIÓN TECNOLÓGICA PALACIO CECI” , arrancó con un presupuesto inicial que al momento de la licitación sumaba $ 488.470.808,97.

En el pliego de licitación se desarrollan que los trabajos deben incluir:
• Puesta en valor y adecuación tecnológica del Palacio, cuya superficie cubierta es de 1150 m2.
• Puesta en valor del jardín histórico, incluyendo la medianera histórica.
• Construcción de un cerco para sectorizar (y separar) el patio de la escuela.
• Construcción liviana de un edificio anexo (con una superficie cubierta de 53 m2) en el parque, y deberá hacerse “respetando el arbolado original” , según describe el pliego. Ese local también alojará en el subsuelo los tanques de reserva de agua, un depósito para área de mantenimiento y un espacio para una subestación transformadora de electricidad.

También se sumará la adecuación tecnológica:
“• Sistema contra incendio: se incorporará un sistema de detección e iluminación de emergencia indicando los recorridos de evacuación.
“• Instalaciones de climatización: a fin de dar confort en los salones principales las necesidades térmicas serán cubiertas mediante la instalación de sistemas centrales VRV
“• Instalaciones sanitarias: se incorporarán nuevos sanitarios en subsuelo y 2º piso y se adecuarán los existentes en Planta baja y 1º piso.” Se acondicionarán los pluviales.
“• Instalaciones eléctricas: se diseñará una nueva instalación de corrientes fuertes y débiles.
“• Iluminación: se hará cableado completo nuevo de las bocas existentes y nuevas, se proveerán nuevos artefactos y se restaurarán y recablearán los existentes.
“• Instalaciones electromecánicas: se incorporarán un ascensor exterior que vincula los niveles de subsuelo, planta baja y primer piso para acceso universal”. Se anulará el ascensor histórico que tiene el edificio.”

La obra fue adjudicada en julio de 2022 a la empresa Hit . Los trabajos comenzaron recién en mayo de 2023 y hasta el día de hoy continúa siendo intervenido en su fachada y las tres plantas: el subsuelo, donde funcionaba la cocina y los servicios; la planta baja, originalmente destinada a uso social y el primer piso donde estaban las áreas privadas de descanso.


UNA RESIDENCIA CON VALOR ARQUITECTÓNICO, PATRIMONIAL Y EDUCATIVO

En su derrotero histórico, el palacio pasó de ser una residencia familiar en sus inicios a convertirse en la primera escuela para niños y niñas sordas de Latinoamérica.

Francisco Ceci arribó al país procedente de su pueblo natal de Ancona (Italia) en 1885. Perteneciente a una próspera familia de inmigrantes, fueron dueños de la constructora “Ceci Hermanos” que entre otras, construyeron esta residencia ubicada en la avenida Lincoln 4300 .


El desarrollo fue proyectado en 1911, se puso en marcha en 1913 y concluyó en 1918. Fue concebida como una villa suburbana de estilo francés e italiano y se la dotó con los mejores materiales de la época cuidadosamente seleccionados y traídos al país desde las principales capitales europeas.

Tiene una fachada articulada por balcones y terrazas, realizada en simil piedra y en sus pardedes luce ornamentaciones. Revestimientos de granito visten las escaleras de acceso y la terraza del primer nivel. Su interior, desarrollado en cuatro plantas, conserva gran parte de su estructura original gracias a que no sufrió grandes intervenciones y mientras estuvo en manos del ministerio de Educación se mantuvo prácticamente todo su mobiliario original.

Entre los lujos inusuales, la propiedad cuenta con una suntuosa escalera de mármol, frescos pintados en paredes y techos, magníficos vitroux, elevadores montaplatos que comunican las tres plantas de la residencia, delicados azulejos decorados a mano lucen en el baño principal, detalles de terminación con exclusivos herrajes y exigentes trabajos de carpintería le dan un toque sin igual.

En 1938, la familia Ceci decidió alquilarlo al Estado Nacional y allí se instaló una escuela para personas sordomudas que estuvo bajo la conducción del Profesor Bartolomé Ayrolo hasta su fallecimiento (1942). En esos años el instituto se transformó en un lugar de referencia, recibiendo alumnos de todo el país para educarse allí. De esta manera, la escuela se transformó en un internado y en un hogar para chicos que provenían de las provincias y debían permanecer institucionalizados y alejados de sus familias todo el año.

En 1967 durante la presidencia de Juan Carlos Onganía el edificio fue declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación, detallando en su decisión que se hacía con el solo fin “que sea sede del Instituto Nacional de Sordomudos Profesor Bartolomé Ayrolo”. El trámite terminó de completarse en 1970.

En la década del ´90 y ante la descentralización de las escuelas de educación pública que llevó adelante el gobierno de Carlos Menem , la escuela pasó a depender del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

En el año 2001 y mediante la ley Nº656 el edificio fue declarado bien de interés arquitectónico de la Ciudad.

Por encontrarse dentro del ÁREA DE PROTECCIÓN HISTÓRICA DE VILLA DEVOTO (APH36) -conformada por la plaza Arenales, Estación Devoto y zona de amortiguación- tiene que tener una protección integral, debiendo conservarse todas sus características arquitectónicas y formas de ocupación del espacio. Actualmente esta protección forma parte del nuevo Código Urbanístico.

En el año 2016 el Ministerio de Educación del GCBA inauguró un nuevo edificio dentro del mismo terreno y con salida a la calle José Cubas. Fue entonces que gran parte de las actividades educativas de la escuela Nº28 "Profesora Bartolomé Ayrolo" se trasladaron a la nueva sede y en el Palacio se continuaron dando las clases de ritmo especialmente elegidas por la acústica especial de sus salas. También permanecieron los despachos de dirección, vicedirección, secretaría y las aulas de inclusión e informática.

Como sucede en muchas escuelas públicas, la cooperadora tuvo que ir asumiendo un papel fundamental para tratar de sostener  con los escasos recursos que disponía  las instalaciones del palacio que se iban deteriorando conforme avanzaba el tiempo. Desde la dirección de la escuela se hicieron peticiones a distintas dependencias públicas para que el lugar pudiera continuar habilitado para las actividades académicas. En 2015, sin respuesta satisfactoria por parte del gobierno de la ciudad, las cañerías colapsaron y el palacio quedó sin agua. A partir de ese momento ya no se pudo seguir utilizando porque la asociación cooperadora no contó con el dinero para llevar adelante la reparación.

La directora de la escuela siguió tramitando y reclamando por los trabajos pendientes en todas y cada una de las instancias que debía hacerlo. Incluso, armó una presentación para entrar al programa de mecenazgo.


CAMBIO DE DESTINO Y CONFLICTO CON LA COMUNIDAD

Cuando a fines de 2021 llegó a la Escuela de Educación Especial Nº28 “Bartolomé Ayrolo” la noticia que el Gobierno de la Ciudad había decidido iniciar tareas de restauración del Palacio, la felicidad no pudo ser mayor. Esa alegría duró un suspiro… a poco de andar se enteraron de manera fortuita y a través del posteo en redes sociales de una funcionaria, que el predio había sido dividido y separado el palacio de la escuela. Mediante un acta, el sector donde está asentado palacio fue cedido por el Ministerio de Educación a la Dirección General de Administración de Bienes que por aquel entonces estaba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico (hoy depende del Ministerio de Economía).

Paralelamente, ese mismo año se creó el Distrito del Vino y desde la administración de la ciudad se contemplaba darle al palacio fines enoturísticos, como vidriera de bodegas y para realizar “experiencias” dentro de un distrito de consumo creado en la comuna 11 como parte de la “ruta del vino”.

De esto dio cuenta la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires  en un comunicado cuando afirmó: “La información recibida permitió corroborar que en diciembre de 2021, la Dirección General de Desarrollo Productivo propuso destinar el Palacio Ceci como posible centro de información, educación, museo temático y sede cabecera del Distrito del Vino, creado por la Ley Nº6447. En función de ello la Subsecretaría de Obras está desarrollando un proyecto integral de puesta en valor del Palacio.” Mediante la Resolución Nº799/22 la Defensoría recomendó al Ministro de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad “se abstenga de impulsar el proyecto de afectación del inmueble denominado Palacio Ceci al Distrito del Vino”.

Por su parte, la comunidad educativa y la comunidad sorda decidieron iniciar una lucha que trascendió las manifestaciones callejeras a la Justicia. En agosto de 2022, la Asociación Argentina de Sordos , la Confederación Argentina de Sordomudos , la Asociación Argentina de Sordas y la Unión Argentina de Sordomudos , acompañadas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y patrocinados por el abogado Jonatan Baldiviezo, presentaron un amparo ante la Justicia porteña para que el Palacio Ceci , permanezca como sede de la escuela para niños y niñas con discapacidad auditiva, y no sea destinada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al plan oficial del Distrito del Vino.

En octubre de 2023 el abogado de la causa tuvo un importante logro e informó que  “La justicia de la Ciudad aplicó válidos los argumentos brindados por las distintas asociaciones de sordomudos quienes, acompañados por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, solicitan que se declare nulo todo acto orientado a cambiar el destino histórico y el uso educativo del Palacio Ceci, y exigen que el edificio esté destinado con exclusividad a la escuela Ayrolo” . Por el momento el expediente sigue abierto y el Poder Judicial no se ha terminado de expedir sobre la cuestión de fondo.


¿LA CIUDAD PODRÍA PERDER UN BIEN TAN PRECIADO?

Un documento elaborado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad alerta sobre la legalidad (o ilegalidad) y se esgrimen los riesgos que podría conllevar un cambio de destino de este Palacio.

1. Posible acción de retrocesión.
La ley 17592 (1967) declaró al Palacio Ceci “de utilidad pública y sujeta a expropiación (…) para sede del Instituto Nacional de Sordomudos Profesor Bartolomé Ayrolo”.
La ley 238 de la ciudad regula la expropiación y establece que “cuando el bien expropiado se le diera un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria…”, como es en este caso, procede la acción de retrocesión. Esto significa que el expropiante deberá devolver el bien al expropiado.
Es decir, una mala gestión puede hacer que el Estado de la Ciudad perdamos este valioso bien.

2. Necesidad de Audiencia Pública.
El acta de Restitución del Inmueble que se firmó entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Económico implicó un cambio de destino de la propiedad que pasó de un destino educativo a un destino de explotación económica.
Al respecto, la Constitución de la Ciudad exige que antes de la adopción relativa al cambio de destino o uso de un bien de dominio público debe convocarse a una audiencia pública previa y obligatoria donde se ponga a disposición de la ciudadanía el proyecto y su correspondiente estudio de impacto ambiental.
La violación de este mandato constitucional implica la nulidad de todo acto de la administración contrario.

3. El cambio de destino pasó por alto la democracia participativa.
Aquí no solamente no se convocó a audiencia pública sino que tampoco se realizó ninguna instancia formal de participación ciudadana y de la comunidad educativa que se terminó enterando del traspaso gracias a un tweet de una funcionaria de Mendoza.

4. Violación del principio de progresividad.
El informe del ODC cierra este segmento señalando que de los antecedentes surge que la escuela necesita del espacio del Palacio Ceci y que además ha instalado en diversas oportunidades al GCBA para que realice las obras de restauración necesarias para el uso seguro y adecuado del edificio.
Y además entre los proyectos institucionales, la escuela tiene la idea de convertir el Palacio en un Museo educacional de la comunidad sorda, dada que esta fue la primera institución a nivel nacional que recibió a niños de todo el país para su formación en lengua de señas, funcionando en un principio como internado donde los chicos vivían de marzo a diciembre.


LA GRAN INCÓGNITA: ¿EL PALACIO CECI VOLVERÁ AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y A LA COMUNIDAD SORDA?

Por ahora la comunidad no lo sabe porque las autoridades no se han expedido, pese a que el tema surgió de manera reiterada en cada una de las reuniones que se fueron desarrollando en los últimos días en la comuna 11, en la que se acercaron funcionarios y el propio mandatario a conversar con vecinos.

Estuvieron:  Gabriela Ricardes
Una espectacular cúpula que puedes apreciar.
desde el área central de la planta baja
ministra de Cultura (19 de Julio, Villa Santa Rita); 
Sánchez ZinnyJefe de Gabinete (24 de julio, Villa Santa Rita); Pablo Bereciartuael ministro de infraestructura  (31 de agosto, Villa Devoto) Hernán Lombardiel ministro de Desarrollo Económico  (4 de agosto, Villa General Mitre) ; Gabino Tapiaministro de Justicia (5 de agosto, Villa del Parque)   y el jefe de Gobierno Jorge Macri (9 de agosto, Villa Santa Rita).

Nuestro medio, otros colegas y los vecinos que estuvieron presentes en esas reuniones no dejamos pasar la oportunidad de consultarles, entre otras cosas, sobre el destino del palacio Ceci . Salvo la ministra de Cultura que le respondió al periodista de “Hormigas y Cigarras” que “se está trabajando en un proyecto para transformar el Palacio Ceci en el barrio de Devoto, en la sede de una escuela de restauración” , el resto de los ministros y Jorge Macri no respondieron la pregunta.


UN LUGAR, VARIAS PROPUESTAS:

Proyecto de la comunidad sorda

Como expresamos en párrafos anteriores los representantes de la Comunidad Educativa y de la Comunidad Sorda pretenden que el Palacio  siga siendo parte de la Escuela Nº28 "Profesor Bartolomé Ayrolo" y vuelva a dependiente del Ministerio de Educación del GCBA., toda vez que allí nació la primera escuela para personas sordas de la Argentina, en ese lugar se fue desarrollando y haciendo historia esta comunidad minoritaria, tanto en lo que hace a la educación, cultura y Lengua de Señas como en lo que hace a su identidad tangible e intangible. Estas comunidades tiene proyectado desarrollar allí iniciativas que continúen fortaleciendo lazos con los residentes próximos y con los vecinos de la CABA en general.

Proyecto de la Junta Comunal:

En 2024 los juntistas de la Comuna 11 conciliaron una iniciativa diferenciada para el Palacio Ceci.

Los siete miembros acordaron un proyecto que podría ser enviado a la Legislatura.

Al respecto, Nicolás Mainieri , presidente de la Junta comunal, contó “Estamos de acuerdo en que se reconozca la historia y darle un lugar de privilegio al colegio [Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº28 “Profesor Bartolomé Ayrolo”] , que tenga sus espacios adentro, que puedan llevar adelante las actividades que ellos requieran, que normalmente van a ser en el horario escolar…”

"La idea es que ellos [escuela] sean una parte importante de lo que suceda allí. Después, queremos que la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto tenga allí su sede y pueda funcionar como una oficina de miniturismo donde cuenten la historia del barrio..."

“empezar a reconocer y valorizar la herramienta de participación que tenemos los vecinos, que es el Consejo Consultivo, y que ellos también puedan reunirse allí, que puedan disponer del lugar para llevar adelante sus reuniones…”

El comunero aseguró que no menos importante sería  “sumar todas las propuestas culturales… Dónde hacemos hincapié, en que sea la comuna la que administra ese lugar, porque si se maneja desde el gobierno central (por ejemplo desde el área de Cultura) va a ser muy difícil plantearle cuestiones de jurisdicción”.

Es decir, la propuesta de la junta comunal 11 está centrada en que el Palacio quede bajo jurisdicción local y desde esta área descentralizada proyectar sus propias actividades, respetando como actores preponderantes y protagónicos a la comunidad sorda ya la comunidad del colegio.

sábado, 9 de agosto de 2025

LA OPINIÓN DE ESPECIALISTAS

PANORAMA INMOBILIDARIO


¿QUÉ HACER CUANDO EL INMUEBLE A VENDER / ALQUILAR ESTÁ AFECTADO AL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE VIVIENDA?


Escribe: FRANCISCO NIGRO - Martillero Público
Titular de FRANCISCO NIGRO. Negocios Inmobiliarios


Este mes presentamos un nuevo caso que resulta de interés a la hora de poner un inmueble en venta ó alquiler.

El mercado inmobiliario, aunque regido por normas generales claras, presenta una amplia variedad de situaciones especiales que requieren un tratamiento jurídico, fiscal o comercial diferenciado.

Este espacio tiene como objetivo identificar y analizar los principales casos especiales en operaciones inmobiliarias, evaluando sus implicancias legales, riesgos y particularidades contractuales.

¿QUÉ ES EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE VIVIENDA?

Se trata de un régimen, regulado en los artículos 244 y siguientes del Código Civil y Comercial que encuentra su fundamento en el derecho humano que toda persona tiene a la vivienda.

El objeto de tutela son las cosas inmuebles con destino de vivienda.

Para incluir el inmueble a este especial régimen de protección se requiere un acto de afectación por parte del titular registral por acta ante el registro o por escritura púbica que se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Legitimados: La afectación puede ser solicitada por el titular registral; si el inmueble está en condominio, deben solicitarla todos los cotitulares conjuntamente.

Son beneficiarios de la afectación:

a) El propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes;

b) en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente.


Si la afectación es peticionada por el titular registral, se requiere que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble. En todos los casos, para que los efectos subsistan, basta que uno de ellos permanezca en el inmueble.

Efectos: La afectación al régimen de protección de la vivienda ocasiona que el inmueble no sea susceptible de embargo y ejecución por deudas de causa fuente posterior a la constitución de la tutela.

Excepciones al efecto principal:

a) obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente al inmueble;

b) obligaciones con garantía real sobre el inmueble,

c) obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda;

d) obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces, o con capacidad restringida.


DESAFECTACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:

a) A solicitud del constituyente; si está casado o vive en unión convivencial inscripta se requiere el asentimiento del cónyuge o del conviviente; si éste se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la desafectación debe ser autorizada judicialmente;

b) a solicitud de la mayoría de los herederos, si la constitución se dispuso por acto de última voluntad, excepto que medie disconformidad del cónyuge supérstite, del conviviente inscripto, o existan beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, caso en el cual el juez debe resolver lo que sea más conveniente para el interés de éstos;

c) a requerimiento de la mayoría de los condóminos computada en proporción a sus respectivas partes indivisas,

d) a instancia de cualquier interesado o de oficio, si no subsisten los recaudos previstos en este Capítulo, o fallecen el constituyente y todos los beneficiarios;

e) en caso de expropiación, reivindicación o ejecución. 


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jueves, 7 de agosto de 2025

VILLA DEL PARQUE

HIGIENE URBANA


UN DESALOJO QUE DESNUDA UNA REALIDAD COMPLEJA



LOS HECHOS

En horas de la madrugada del día 5 de agosto y mediante un fuerte operativo policial el Gobierno de la Ciudad procedió a desalojar un predio ubicado en la calle Santo Tomé y Caracas, en el barrio de Villa del Parque, que hace ocho años había sido cedido por la misma administración a recolectores urbanos.


En 2017, el terreno de 390 metros cuadrados, fue otorgado con una tenencia precaria por el gobierno de la ciudad a dos cooperativas formalmente registradas. Para proceder de esta manera contó con un acuerdo previo con la línea San Martín, de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), propietaria legal del inmueble.

Según consignan las autoridades ese permiso venció en el año 2022 y no fue renovado por la Dirección de Reciclaje, dependiente del Poder Ejecutivo. A pesar de ello, una parte de los recolectores, aproximadamente 30 personas, se mantuvieron en el lugar realizando sus tareas habituales, acopiando material y habilitando un merendero.


RESISTENCIA VECINAL

Quienes vivimos en el barrio y cubrimos las noticias desde hace muchos años, somos testigos que cuando el Gobierno de la Ciudad tomó la decisión de entregar el predio a las cooperativas de recuperadores urbanos (2017) no contó con la licencia social de una parte de la comunidad circundante que desde un principio se opuso a la medida. La resistencia se mantuvo a lo largo de los años con infinidad de notas dirigidas a los despachos de los funcionarios y planteos tanto a los mandatarios comunales como a los jefes de gobierno en las habituales reuniones de cercanía que se fueron sucediendo.

Vista aérea de la zona de bodegas
y depósitos que hay en la zona
Realidad del territorio

Para comprender la postura de los vecinos hay que tener en cuenta la historia y el escenario circundante.

Comenzamos por la historia. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que esa área de Villa del Parque es una de las más postergadas de la comuna y a lo largo de los años no contó con la mejor de las suertes, como tampoco con políticas de Estado que ayudarán a disminuir las vulnerabilidades que se fueron acumulando por el impacto de las sucesivas crisis económicas y una geografía compleja.

Originalmente el área nació con viviendas residenciales que se mezclaron con fábricas, depósitos y comercios pequeños, medianos y de gran envergadura. A la vera de las vías se ubicaron galpones de importantes bodegueras  del país que fraccionaban el vino que venía a granel por tren desde las provincias de origen. Hoy solo quedan instalaciones sucias y abandonadas.

Esa también fue la zona elegida para radicar la fábrica alemana de muebles metálicos “Klotner”. Cuando esa empresa se fue, en el mismo predio estuvo  Supermercado “Todo” , que supo tener un famoso autocine. Todo terminó con la quiebra del emprendimiento comercial primero y luego el cierre del punto de entretenimiento, promediando los años `70. Más acá en el tiempo y ya entrado el siglo XXI, en esos mismos terrenos se asentó una fábrica de lencería que se mantuvo en pie durante varios años. En la actualidad los edificios están vacíos y sin actividad.

Próximo a esos terrenos está el supermercado mayorista Maxiconsumo que recientemente tomó la decisión de cerrar esta sucursal y el próximo 30 de agosto será su último día abierto en Villa del Parque.

"La lechería" y los asentamientos a la vera de las vías del ferrocarril San Martín
comenzaron a mediados de los años ´80 y se mantuvieron hasta 2007

A la altura de Caracas al 2700, en la primera veintena del siglo XX se instaló la Sociedad Cooperativa Lecheros Unidos (SCLU) , lugar donde salían los carros lecheros para proveer los domicilios de la zona. Esa cooperativa se mantuvo hasta 1968. Luego, el enorme edificio de 3 plantas quedó abandonado hasta que a principios de los ´80 comenzó a ser intrusado. Llegaron a vivir allí casi 300 familias (3000 personas) en condiciones inhumanas y en una estructura edilicia deteriorada por el tiempo y la falta de mantenimiento y a medida que crecía la población aumentaban los riesgos de derrumbe. Al asentamiento se lo conoció con el nombre “La Lechería”.

A la par, a la vera de las vías y bajo el puente de avenida San Martín, promediando los años 2000 y en medio de una coyuntura muy difícil, comenzaron a colocarse casillas improvisadas, armadas con cartón y chapas que fueron teniendo una solución de continuidad hacia terrenos del barrio La Paternal dando origen a otro asentamiento bautizado como “La Carbonilla”.

Fue en aquel entonces que vecinos de esa zona de Villa del Parque comenzaron a autoconvocarse con la intención de encontrar una solución a esta seria problemática. A poco de asumir como jefe de gobierno, el ingeniero Macri decidió reubicar a las familias que vivían en “La lechería” y paso seguido se tiró abajo la mole, cercando en forma inmediata el predio para evitar que sea nuevamente ocupado. Desde el gobierno nacional se hicieron obras en el barrio La Carbonilla, dotándolos de cloacas y agua corriente. Se desplazó a quienes vivían peligrosamente a la vera de las vías y La Carbonilla creció con viviendas de material que hoy alcanzan varias plantas de altura.

El entramado urbano del área tampoco colabora. La traza del ferrocarril y el puente “Julio Cortázar” generan un entreverado de “cortadas” y diagonales que convierten a esa porción del territorio casi en un laberinto, difícil de transitar para quienes no están habituados a circular por allí.

En 2017 los vecinos se manifestaron
contra la instalación de depósito de
recuperadores urbanos
En el año 2016 y cuando parecía todo estar en una relativa calma, la preocupación volvió a reinar en el vecindario ante el rumor que el predio de la calle Santo Tomé y Caracas, lindero con las vías del ferrocarril San Martín podría ser entregado por el Gobierno de la Ciudad a cooperativas de recuperadores urbanos. En ese momento el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, comandado por
Eduardo Macchiavelli, lo desmintió y prometió a los vecinos que eso no iba a suceder. Fue entonces cuando la Junta Comunal solicitó que le cedieran el terreno para estacionamiento de los móviles de la comuna y la juntista Marta Liotto se comprometió a gestionar un terreno en Saenz Peña que fuera adecuado para que los cooperativistas de “Recuperadores Urbanos del Oeste” tuvieran un lugar adecuado para dejar sus carros, acopiar el material y pudieran desarrollar su trabajo en buenas condiciones, ya que resultaba necesario trasladarlos del lote que ocupaban hasta ese momento en avenida Warnes y Garmendia porque iba a estar afectado por la construcción del viaducto ferroviario en altura.

Las promesas del ministerio a los vecinos “se las llevó el viento” y las gestiones comunales cayeron en “saco roto”. En agosto de 2017 la Dirección de Reciclaje, con la anuencia del ministro de turno, decidió darle el predio de la calle Santo Tomé al 2300 a los recuperadores urbanos de las cooperativas El Álamo y RUO  en carácter de cesión precaria para que pudieran estacionar allí sus carros. Acto seguido, las mismas autoridades dotaron al espacio de diez baños químicos, una balanza para que pudieran pesar los materiales y construyeron un tinglado. 

La resistencia vecinal, las gestiones de la comuna que entendieron que la medida generaba “una enorme problemática para el barrio” y las mesas de diálogo resultaron infructuosas y solo consiguieron que los funcionarios les aseguraran a los residentes y a la junta comunal que la estancia de los recuperadores sería solo de uno, a lo sumo dos años, hasta que los recuperadores consiguieran otro terreno. Esto tampoco se cumplió.

En ese momento, los vecinos autoconvocados emitieron un comunicado en el que manifestaron: … “entendemos y apoyamos el derecho al trabajo, pero exigimos que no se realice en una zona de viviendas. No queremos ser el basural del barrio…”

Hay que decir también que esa zona del barrio estuvo particularmente castigada por brotes de dengue, con gran cantidad de vecinos que contrajeron la enfermedad, algunos contagiados más de una vez por distintas cepas.


LEGISLACIÓN PROGRESISTA: RECOLECCIÓN DIFERENCIADA CON INCLUSIÓN SOCIAL

La Ley Nº 992 (2002) declaró los servicios de higiene urbana como servicio público e incorporó a los recuperadores urbanos al sistema formal de recolección diferenciada, creando un registro y previendo su inclusión y formalización.

La Ley "Basura Cero" (Nº 1.854), dictada en el año 2005 consolidó aún más este rol, garantizando su prioridad e inclusión en el proceso de reciclaje, impulsando la formalización de los trabajadores, la creación de cooperativas y centros verdes, la provisión de equipamiento y la garantía de acceso a esos trabajadores al sistema de salud.

Este marco legal refleja una ciudad que eligió un sistema de clasificación en origen y recolección diferenciada con inclusión social.

En la actualidad, para la recolección de residuos húmedos la ciudad está dividida en 5 zonas, cuatro zonas fueron asignadas a diferentes empresas y la quinta quedó a cargo del Ente de Higiene Urbana, dependiente del GCBA En la comuna 11 la operadora es Solbayres .

Para la recolección de materiales inertes, la Ciudad tiene firmados convenios con 12 cooperativas en las que trabajan alrededor de 6.000 recuperadores urbanos y prestan el servicio formal de recolección diferenciada. Cada día, estos trabajadores recorren los barrios, recolectan materiales reciclables y los clasifican en los Centros Verdes.


UN SISTEMA QUE CRUJE

Si bien en los papeles el modelo resultó un ejemplo no solo en nuestro país sino también en Latinoamérica, la realidad dista mucho de ser la ideal. Los incumplimientos en las metas, las fallas en la implementación y la falta de toma de conciencia en una parte de la población lo ha puesto en crisis.


Objetivos no alcanzados:

La ley 1854 de Gestión de los Residuos Urbanos, más conocida como Ley de Basura Cero , tenía la intención de que se alcanzara una reducción progresiva de la cantidad de basura que se destina a los rellenos sanitarios y que una parte de esos residuos entraran en la economía circular y fueran insumos para las industrias asociadas al reciclado y la reducción en la generación de residuos.

Para ello, en la ley se establecieron metas de reducción escalonada de residuos que iban a parar a relleno sanitario: 30% para 2010, del 50% para 2012, y un 75% para 2017. En ese último año ni siquiera se había alcanzado el primer objetivo y la ciudad apenas había logrado un 26% de reducción de residuos.

En síntesis, los residuos sólidos urbanos siguieron constituyendo una de las problemáticas más graves de la Ciudad y el destino final para una gran parte de los residuos seguió siendo el CEAMSE.

En el año 2018 la Legislatura modificó la Ley de Basura Cero, a través de la Ley N° 5.966.

Esta nueva norma trajo varias novedades. Por lo pronto se modificaron los objetivos (claramente incumplidos) y se cambió el año tomado como base. Se estableció que la reducción de basura que se envía a rellenos sanitarios debía ser un 50% menor en 2021, 65% en 2025 y 80% en 2030. Los legisladores tomaron como año base a 2012, año en el que se enterraron 2.131.072 millones de toneladas de residuos, en vez de 2017, cuando la cantidad fue aproximadamente la mitad.

Pero quizás la novedad más preocupante es que la nueva ley habilitó la “termovalorización de residuos” , más conocida como incineración con recuperación de energía. Una tecnología obsoleta y contaminante, explícitamente prohibida en el texto original. A la par, se modificó la Ordenanza N° 39.025 “Código de Prevención de la Contaminación Ambiental” que prohibía la instalación de incineradores.

La nueva ley generó controversias y rechazos en un sector de la ciudadanía que no dudó en apelar a la justicia. Finalmente, una jueza porteña declaró inconstitucional la Ley 5966, prohibiendo la incineración de residuos en Buenos Aires. La magistrada en su fallo dejó claro que la Legislatura incumplió los procesos constitucionales para la sanción de la ley al no llamar a Audiencia Pública dado que se trataba de una decisión con importante impacto ambiental para la ciudadanía. Pero más allá de las formas incumplidas, también esta norma iba en contra de una ley nacional. La ley 25.916 de gestión de Residuos Domiciliarios establece que "la valorización de residuos es sólo su reciclaje, físico, químico, mecánico y su reutilización. No la incineración, que no tiene nada que ver con reciclar porque destruye en el proceso y no permite la reutilización".


LA CIUDAD NO LUCE BIEN

Como vimos, Buenos Aires eligió instrumentar la separación de residuos en origen y recolección de residuos diferenciados . Para ello se estableció, entre otras cosas, que se haga a través de contenedores. Están lo negros para los residuos húmedos (orgánicos) y verdes para residuos inertes (papel, cartones, metales, vidrios, plásticos de uso domiciliario).

Si bien la prestación debería funcionar como un mecanismo de relojería, la realidad y las postales que se ven en las calles están muy lejos de mantener la higiene y el orden en el espacio público.

Contenedores desbordados y
basura desparramada suele ser
una postal habitual
 
Entre hábitos inadecuados de vecinos inescrupulosos que no respetan el sistema, ciertas empresas gastronómicas que hacen un uso indebido de los contenedores domiciliarios cuando deben contratar un servicio especial, la falta de mantenimiento y limpieza de los receptáculos sumado a los malos tratos y el vandalismo al que son sometidos, hace que este tipo de disposición se haya convertido en un verdadero dolor de cabeza para los residentes, principalmente para aquellos que los tienen que padecer frente a sus domicilios ó comercios.

Producto de la crisis social y económica, se estima que hay unos 14.000 cartoneros informales recorriendo a diario la ciudad con sus carros, hurgando en la basura, esperando encontrar alimentos o elementos que les sirva para vender. Estas personas no siempre tienen el cuidado de mantener el orden y en algunos casos dejan la basura desparramada.


Una desregulación agrava la situación:

El Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado emitieron en los primeros días del año el decreto 1/2025 por el cual se desregularon los procedimientos de importación de residuos y ahora el importador solo debe emitir una declaración jurada y eventualmente tendrá una fiscalización expost para llevar adelante la operación.

Bajo el sistema anterior el Ministerio de Economía recibía las solicitudes de importación y evaluaba su necesidad y pertinencia de acuerdo con los requerimientos del mercado interno y las condiciones de oferta nacional.

La libre entrada de residuos al país resultó lapidaria para el sector de recolectores urbanos porque hizo derrumbar los precios en el mercado local, principalmente del papel y cartón. Con una baja tan considerable de los precios, los recolectores no tienen tanto interés en juntar cartón como antes.

El procedimiento de desalojo
del predio de Santo Tomé 2300
¿Medidas que solucionan el problema o lo agravan?

El desalojo del predio de Villa del Parque no resulta aislado y se inscribe en una línea de toma de decisiones que viene trazando la gestión de Jorge Macri .

Otras acciones que afectan a una parte del sector de los recuperadores urbanos fue la quita del financiamiento del traslado diario a operarios que viajan desde la Provincia. En este punto el gobierno aduce que solo una parte de los recuperadores urbanos eran beneficiarios y la medida terminaba resultando injusta para el resto. Las autoridades afirman que esta decisión implica un ahorro de 6.000 millones de pesos anuales y esos fondos ahora serán reinvertidos en mejoras concretas del sistema, como obras de infraestructura en Centros Verdes, refuerzo de rutas de recolección y aumento de la capacidad operativa.

Al mismo tiempo, las autoridades locales subieron la apuesta en su intento de sancionar a personas que revuelven la basura, dándole a la Policía de la Ciudad la potestad de obligar a los “cartoneros”  (recolectores informales) a ordenar lo que revuelven e imponerle multas de hasta los $900.000, aunque esto último resulta bastante poco “realista” de llevar a la práctica considerando que las personas que realizan estas tareas no detentan ninguna capacidad de pago de semejantes sumas de dinero.

Frente a esto surgen algunas preguntas: ¿Estas decisiones del Gobierno de la Ciudad contribuyen a solucionar la problemática de higiene urbana o por el contrario van tensando y generando nuevos conflictos que terminan impactando en la convivencia social?. A esta altura, no sería necesario una revisión integral del sistema que “a vista de buen cubero” no resulta eficiente y eficaz para los vecinos?.

Pero no nos olvidemos cuánto nos cuesta a los vecinos la recolección de los residuos que generamos. Según los entendidos, el presupuesto que nuestra ciudad destina a higiene urbana equivale a la suma de los presupuestos totales de los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora juntos.