HIGIENE URBANA
UN DESALOJO QUE DESNUDA UNA REALIDAD COMPLEJA
LOS HECHOS
En horas de la madrugada del día 5 de agosto y mediante un fuerte operativo policial el Gobierno de la Ciudad procedió a desalojar un predio ubicado en la calle Santo Tomé y Caracas, en el barrio de Villa del Parque, que hace ocho años había sido cedido por la misma administración a recolectores urbanos.
En 2017, el terreno de 390 metros cuadrados, fue otorgado con una tenencia precaria por el gobierno de la ciudad a dos cooperativas formalmente registradas. Para proceder de esta manera contó con un acuerdo previo con la línea San Martín, de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), propietaria legal del inmueble.
Según consignan las autoridades ese permiso venció en el año 2022 y no fue renovado por la Dirección de Reciclaje, dependiente del Poder Ejecutivo. A pesar de ello, una parte de los recolectores, aproximadamente 30 personas, se mantuvieron en el lugar realizando sus tareas habituales, acopiando material y habilitando un merendero.
RESISTENCIA VECINAL
Quienes vivimos en el barrio y cubrimos las noticias desde hace muchos años, somos testigos que cuando el Gobierno de la Ciudad tomó la decisión de entregar el predio a las cooperativas de recuperadores urbanos (2017) no contó con la licencia social de una parte de la comunidad circundante que desde un principio se opuso a la medida. La resistencia se mantuvo a lo largo de los años con infinidad de notas dirigidas a los despachos de los funcionarios y planteos tanto a los mandatarios comunales como a los jefes de gobierno en las habituales reuniones de cercanía que se fueron sucediendo.
Vista aérea de la zona de bodegas
y depósitos que hay en la zona
Realidad del territorio
y depósitos que hay en la zona
Para comprender la postura de los vecinos hay que tener en cuenta la historia y el escenario circundante.
Comenzamos por la historia. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que esa área de Villa del Parque es una de las más postergadas de la comuna y a lo largo de los años no contó con la mejor de las suertes, como tampoco con políticas de Estado que ayudarán a disminuir las vulnerabilidades que se fueron acumulando por el impacto de las sucesivas crisis económicas y una geografía compleja.
Originalmente el área nació con viviendas residenciales que se mezclaron con fábricas, depósitos y comercios pequeños, medianos y de gran envergadura. A la vera de las vías se ubicaron galpones de importantes bodegueras del país que fraccionaban el vino que venía a granel por tren desde las provincias de origen. Hoy solo quedan instalaciones sucias y abandonadas.
Esa también fue la zona elegida para radicar la fábrica alemana de muebles metálicos “Klotner”. Cuando esa empresa se fue, en el mismo predio estuvo Supermercado “Todo” , que supo tener un famoso autocine. Todo terminó con la quiebra del emprendimiento comercial primero y luego el cierre del punto de entretenimiento, promediando los años `70. Más acá en el tiempo y ya entrado el siglo XXI, en esos mismos terrenos se asentó una fábrica de lencería que se mantuvo en pie durante varios años. En la actualidad los edificios están vacíos y sin actividad.
Próximo a esos terrenos está el supermercado mayorista Maxiconsumo que recientemente tomó la decisión de cerrar esta sucursal y el próximo 30 de agosto será su último día abierto en Villa del Parque.
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| "La lechería" y los asentamientos a la vera de las vías del ferrocarril San Martín comenzaron a mediados de los años ´80 y se mantuvieron hasta 2007 |
A la altura de Caracas al 2700, en la primera veintena del siglo XX se instaló la Sociedad Cooperativa Lecheros Unidos (SCLU) , lugar donde salían los carros lecheros para proveer los domicilios de la zona. Esa cooperativa se mantuvo hasta 1968. Luego, el enorme edificio de 3 plantas quedó abandonado hasta que a principios de los ´80 comenzó a ser intrusado. Llegaron a vivir allí casi 300 familias (3000 personas) en condiciones inhumanas y en una estructura edilicia deteriorada por el tiempo y la falta de mantenimiento y a medida que crecía la población aumentaban los riesgos de derrumbe. Al asentamiento se lo conoció con el nombre “La Lechería”.
A la par, a la vera de las vías y bajo el puente de avenida San Martín, promediando los años 2000 y en medio de una coyuntura muy difícil, comenzaron a colocarse casillas improvisadas, armadas con cartón y chapas que fueron teniendo una solución de continuidad hacia terrenos del barrio La Paternal dando origen a otro asentamiento bautizado como “La Carbonilla”.
Fue en aquel entonces que vecinos de esa zona de Villa del Parque comenzaron a autoconvocarse con la intención de encontrar una solución a esta seria problemática. A poco de asumir como jefe de gobierno, el ingeniero Macri decidió reubicar a las familias que vivían en “La lechería” y paso seguido se tiró abajo la mole, cercando en forma inmediata el predio para evitar que sea nuevamente ocupado. Desde el gobierno nacional se hicieron obras en el barrio La Carbonilla, dotándolos de cloacas y agua corriente. Se desplazó a quienes vivían peligrosamente a la vera de las vías y La Carbonilla creció con viviendas de material que hoy alcanzan varias plantas de altura.
El entramado urbano del área tampoco colabora. La traza del ferrocarril y el puente “Julio Cortázar” generan un entreverado de “cortadas” y diagonales que convierten a esa porción del territorio casi en un laberinto, difícil de transitar para quienes no están habituados a circular por allí.
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| En 2017 los vecinos se manifestaron contra la instalación de depósito de recuperadores urbanos |
Las promesas del ministerio a los vecinos “se las llevó el viento” y las gestiones comunales cayeron en “saco roto”. En agosto de 2017 la Dirección de Reciclaje, con la anuencia del ministro de turno, decidió darle el predio de la calle Santo Tomé al 2300 a los recuperadores urbanos de las cooperativas El Álamo y RUO en carácter de cesión precaria para que pudieran estacionar allí sus carros. Acto seguido, las mismas autoridades dotaron al espacio de diez baños químicos, una balanza para que pudieran pesar los materiales y construyeron un tinglado.
La resistencia vecinal, las gestiones de la comuna que entendieron que la medida generaba “una enorme problemática para el barrio” y las mesas de diálogo resultaron infructuosas y solo consiguieron que los funcionarios les aseguraran a los residentes y a la junta comunal que la estancia de los recuperadores sería solo de uno, a lo sumo dos años, hasta que los recuperadores consiguieran otro terreno. Esto tampoco se cumplió.
En ese momento, los vecinos autoconvocados emitieron un comunicado en el que manifestaron: … “entendemos y apoyamos el derecho al trabajo, pero exigimos que no se realice en una zona de viviendas. No queremos ser el basural del barrio…”
Hay que decir también que esa zona del barrio estuvo particularmente castigada por brotes de dengue, con gran cantidad de vecinos que contrajeron la enfermedad, algunos contagiados más de una vez por distintas cepas.
LEGISLACIÓN PROGRESISTA: RECOLECCIÓN DIFERENCIADA CON INCLUSIÓN SOCIAL
La Ley Nº 992 (2002) declaró los servicios de higiene urbana como servicio público e incorporó a los recuperadores urbanos al sistema formal de recolección diferenciada, creando un registro y previendo su inclusión y formalización.
La Ley "Basura Cero" (Nº 1.854), dictada en el año 2005 consolidó aún más este rol, garantizando su prioridad e inclusión en el proceso de reciclaje, impulsando la formalización de los trabajadores, la creación de cooperativas y centros verdes, la provisión de equipamiento y la garantía de acceso a esos trabajadores al sistema de salud.
En la actualidad, para la recolección de residuos húmedos la ciudad está dividida en 5 zonas, cuatro zonas fueron asignadas a diferentes empresas y la quinta quedó a cargo del Ente de Higiene Urbana, dependiente del GCBA En la comuna 11 la operadora es Solbayres .
Para la recolección de materiales inertes, la Ciudad tiene firmados convenios con 12 cooperativas en las que trabajan alrededor de 6.000 recuperadores urbanos y prestan el servicio formal de recolección diferenciada. Cada día, estos trabajadores recorren los barrios, recolectan materiales reciclables y los clasifican en los Centros Verdes.
UN SISTEMA QUE CRUJE
Si bien en los papeles el modelo resultó un ejemplo no solo en nuestro país sino también en Latinoamérica, la realidad dista mucho de ser la ideal. Los incumplimientos en las metas, las fallas en la implementación y la falta de toma de conciencia en una parte de la población lo ha puesto en crisis.
Objetivos no alcanzados:
La ley 1854 de Gestión de los Residuos Urbanos, más conocida como Ley de Basura Cero , tenía la intención de que se alcanzara una reducción progresiva de la cantidad de basura que se destina a los rellenos sanitarios y que una parte de esos residuos entraran en la economía circular y fueran insumos para las industrias asociadas al reciclado y la reducción en la generación de residuos.
Para ello, en la ley se establecieron metas de reducción escalonada de residuos que iban a parar a relleno sanitario: 30% para 2010, del 50% para 2012, y un 75% para 2017. En ese último año ni siquiera se había alcanzado el primer objetivo y la ciudad apenas había logrado un 26% de reducción de residuos.
En síntesis, los residuos sólidos urbanos siguieron constituyendo una de las problemáticas más graves de la Ciudad y el destino final para una gran parte de los residuos seguió siendo el CEAMSE.
En el año 2018 la Legislatura modificó la Ley de Basura Cero, a través de la Ley N° 5.966.
Esta nueva norma trajo varias novedades. Por lo pronto se modificaron los objetivos (claramente incumplidos) y se cambió el año tomado como base. Se estableció que la reducción de basura que se envía a rellenos sanitarios debía ser un 50% menor en 2021, 65% en 2025 y 80% en 2030. Los legisladores tomaron como año base a 2012, año en el que se enterraron 2.131.072 millones de toneladas de residuos, en vez de 2017, cuando la cantidad fue aproximadamente la mitad.
Pero quizás la novedad más preocupante es que la nueva ley habilitó la “termovalorización de residuos” , más conocida como incineración con recuperación de energía. Una tecnología obsoleta y contaminante, explícitamente prohibida en el texto original. A la par, se modificó la Ordenanza N° 39.025 “Código de Prevención de la Contaminación Ambiental” que prohibía la instalación de incineradores.
La nueva ley generó controversias y rechazos en un sector de la ciudadanía que no dudó en apelar a la justicia. Finalmente, una jueza porteña declaró inconstitucional la Ley 5966, prohibiendo la incineración de residuos en Buenos Aires. La magistrada en su fallo dejó claro que la Legislatura incumplió los procesos constitucionales para la sanción de la ley al no llamar a Audiencia Pública dado que se trataba de una decisión con importante impacto ambiental para la ciudadanía. Pero más allá de las formas incumplidas, también esta norma iba en contra de una ley nacional. La ley 25.916 de gestión de Residuos Domiciliarios establece que "la valorización de residuos es sólo su reciclaje, físico, químico, mecánico y su reutilización. No la incineración, que no tiene nada que ver con reciclar porque destruye en el proceso y no permite la reutilización".
LA CIUDAD NO LUCE BIEN
Como vimos, Buenos Aires eligió instrumentar la separación de residuos en origen y recolección de residuos diferenciados . Para ello se estableció, entre otras cosas, que se haga a través de contenedores. Están lo negros para los residuos húmedos (orgánicos) y verdes para residuos inertes (papel, cartones, metales, vidrios, plásticos de uso domiciliario).
Si bien la prestación debería funcionar como un mecanismo de relojería, la realidad y las postales que se ven en las calles están muy lejos de mantener la higiene y el orden en el espacio público.
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| Contenedores desbordados y basura desparramada suele ser una postal habitual |
Producto de la crisis social y económica, se estima que hay unos 14.000 cartoneros informales recorriendo a diario la ciudad con sus carros, hurgando en la basura, esperando encontrar alimentos o elementos que les sirva para vender. Estas personas no siempre tienen el cuidado de mantener el orden y en algunos casos dejan la basura desparramada.
Una desregulación agrava la situación:
El Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado emitieron en los primeros días del año el decreto 1/2025 por el cual se desregularon los procedimientos de importación de residuos y ahora el importador solo debe emitir una declaración jurada y eventualmente tendrá una fiscalización expost para llevar adelante la operación.
Bajo el sistema anterior el Ministerio de Economía recibía las solicitudes de importación y evaluaba su necesidad y pertinencia de acuerdo con los requerimientos del mercado interno y las condiciones de oferta nacional.
La libre entrada de residuos al país resultó lapidaria para el sector de recolectores urbanos porque hizo derrumbar los precios en el mercado local, principalmente del papel y cartón. Con una baja tan considerable de los precios, los recolectores no tienen tanto interés en juntar cartón como antes.
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| El procedimiento de desalojo del predio de Santo Tomé 2300 |
El desalojo del predio de Villa del Parque no resulta aislado y se inscribe en una línea de toma de decisiones que viene trazando la gestión de Jorge Macri .
Otras acciones que afectan a una parte del sector de los recuperadores urbanos fue la quita del financiamiento del traslado diario a operarios que viajan desde la Provincia. En este punto el gobierno aduce que solo una parte de los recuperadores urbanos eran beneficiarios y la medida terminaba resultando injusta para el resto. Las autoridades afirman que esta decisión implica un ahorro de 6.000 millones de pesos anuales y esos fondos ahora serán reinvertidos en mejoras concretas del sistema, como obras de infraestructura en Centros Verdes, refuerzo de rutas de recolección y aumento de la capacidad operativa.
Al mismo tiempo, las autoridades locales subieron la apuesta en su intento de sancionar a personas que revuelven la basura, dándole a la Policía de la Ciudad la potestad de obligar a los “cartoneros” (recolectores informales) a ordenar lo que revuelven e imponerle multas de hasta los $900.000, aunque esto último resulta bastante poco “realista” de llevar a la práctica considerando que las personas que realizan estas tareas no detentan ninguna capacidad de pago de semejantes sumas de dinero.
Frente a esto surgen algunas preguntas: ¿Estas decisiones del Gobierno de la Ciudad contribuyen a solucionar la problemática de higiene urbana o por el contrario van tensando y generando nuevos conflictos que terminan impactando en la convivencia social?. A esta altura, no sería necesario una revisión integral del sistema que “a vista de buen cubero” no resulta eficiente y eficaz para los vecinos?.
Pero no nos olvidemos cuánto nos cuesta a los vecinos la recolección de los residuos que generamos. Según los entendidos, el presupuesto que nuestra ciudad destina a higiene urbana equivale a la suma de los presupuestos totales de los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora juntos.
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