HIGIENE URBANA
LA DISPUTA POR LOS RESIDUOS URBANOS SECOS VUELVE A PONER AL SISTEMA DE RECICLADO BAJO LA LUPA
Una nueva licitación y el proyecto para modificar el servicio de higiene urbana abren una discusión sobre quiénes gestionarán los residuos secos de la Ciudad. En el centro de la controversia están las cooperativas de recicladores, las empresas privadas, el Gobierno porteño y el cumplimiento de las leyes que regulan el sistema.
Escribe: GUILLERMINA BRUSCHI
Los planes del Gobierno
En julio el GCBA publicó un llamado a licitación para el servicio de recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos. La noticia puso en alerta a las cooperativas de recicladores que denunciaron un “negocio millonario” tras la apertura del circuito a privados, iniciando un plan de lucha y movilizando hacia la Dirección de Higiene Urbana.
Las condiciones estipuladas incluyeron la reducción de las quince zonas actuales a cargo de las cooperativas a solo seis (ligadas a los centros de reciclado estatales); la incorporación de sistemas de seguimiento de transportes; una mayor cantidad y frecuencia de servicios fijos obligatorios y la incorporación del límite de 20% para el material recolectado a descartar sin reciclar cada mes.
Las cooperativas señalaron que las exigencias planteadas los dejarían fuera de competencia. Desde el 2001 estos trabajadores reconocidos formalmente por la ley 992, crearon y perfeccionaron un circuito de recolección y recupero de residuos secos, articulado e integrado formalmente al sistema por la ley 1854 (Basura Cero).
Desde la Subsecretaría de Ambiente de FAUBA y el programa FAUBA Verde advirtieron que la reducción de zonas aumenta considerablemente la escala de cada contrato privado con mayores exigencias económicas, financieras y administrativas que imposibilitarían la participación de las cooperativas. Paralelamente, la Comisión de Ambiente de la Legislatura porteña presidida por el Diputado Alejandro Grillo, convocó a trabajadores y expertos para analizar la situación concluyendo en un pedido de informes para ampliar detalles de la futura contratación.
A pesar de las preocupaciones, la gestión de Jorge Macri avanzó otro peldaño y publicó el 1º de septiembre el decreto 304/26 llamando a Audiencia Pública para “el análisis de los proyectos para el servicio público de higiene urbana”. El cometido es poner bajo consulta el anteproyecto de pliego de bases y condiciones particulares que, de avanzar, constituiría el primer paso formal para reemplazar los contratos vigentes, adjudicando los servicios de gestión de residuos húmedos e incluyendo varios renglones sobre el manejo de residuos secos.
El diputado Grillo advirtió que “este proyecto implica la unificación de la gestión de residuos húmedos y secos, modifica los procesos de adjudicación y cambia de cuajo la contraprestación o el usufructo de los materiales. El Estado premia con contratos millonarios a empresas y abre la puerta a un nivel de concentración en todo el sistema que desvirtúa de fondo el espíritu que el sistema de cooperativista tiene, que es principalmente de inclusión social”.
Adicionalmente, el proyecto exige un sistema de telemetría integrado a los sistemas oficiales para seguimiento en tiempo real de vehículos y equipos; planes de gestión ambiental y sistemas de calidad, modificando también la conformación de las zonas actualmente operadas por AESA, Cliba, Solbayres, Níttida, Ashira-Martín & Martín y Urbasur, planteando jurisdicciones de dos comunas cada una, a excepción de la Comuna 8 que se mantendría separada bajo gestión del Ente de Higiene Urbana. El anteproyecto permitiría que los prestadores actuales vuelvan a competir a pesar de haber registrado incumplimientos por $57 mil millones según un informe de la Auditoría General de la Nación y de contar con unos 90.000 reclamos ciudadanos con sus consecuentes expedientes y multas.
Residuos a gestionar: ¿qué es lo que está en juego?
El manejo de los RSU es un tema estratégico en términos ambientales, sanitarios y sociales y requiere de una gestión eficiente en una economía que demanda grandes niveles de consumo, con una ley nacional de envases en debate desde hace más de 20 años.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en Argentina se generan en promedio 1,15 kg de residuos diarios por persona, casi 45.000 toneladas totales, de las cuales un 25% termina en basurales a cielo abierto representando “una grave amenaza ambiental, sanitaria y climática, ya que son una fuente directa de emisiones de gas metano asociado a un millón de muertes prematuras por año debido a enfermedades respiratorias”. Unas 7000 toneladas diarias corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, con un 23% de materiales reciclables de las cuales solo se tratan 440 toneladas según el Centro de Estudios Metropolitanos.
Con perspectiva ambiental, la ley de Basura Cero sancionada en 2005 apuntó a la reducción progresiva de los residuos destinados a basurales proponiendo una disminución de un 75% para 2017, pero la realidad mostró tan solo un 26%, según denuncias que oportunamente realizaron organizaciones como Greenpeace. En 2018, estas metas se modificaron a través de la ley 5.966 ajustando la reducción a un 80% para 2030 y permitiendo la incineración de residuos explícitamente prohibida en el texto original. Sobre este punto, la diputada Delfina Velázquez, consultada por este medio, advirtió que las nuevas contrataciones, al incluir la valorización de residuos, podrían incentivar sistemas de termovalorización “que Jorge Macri y sectores de la Legislatura vienen impulsando y que básicamente implican la incineración cuyas consecuencias sobre el reciclado y el ambiente nos preocupan bastante”.
Recicladores urbanos ¿cómo impactarían los cambios?
Alcanzar estos objetivos a nivel local y mitigar sus efectos negativos en términos ambientales globales depende en gran medida de la separación de residuos y su posterior reciclado. En este sentido, el trabajo de los recuperadores ha sido y será fundamental.
Organismos internacionales como la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han trabajado con organizaciones recicladoras, expertos climáticos y representantes gubernamentales destacando “el papel crucial de las personas recicladoras en la mitigación de las emisiones provenientes de sistemas de gestión de residuos deficientes o inexistentes”. La FARN participó del ciclo remarcando que “las personas recicladoras sostienen gran parte del sistema de gestión RSU y deben ser reconocidas como defensoras de DD.HH. en asuntos ambientales, en los términos del artículo 9 del Acuerdo de Escazú”.
En la Ciudad de Buenos Aires trabajan doce cooperativas que nuclean más de 6000 trabajadores agrupados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Estas organizaciones han incorporado y capacitado a miles de personas excluidas laboralmente desde la crisis de 2001. Velázquez destacó que el sistema porteño ha sido pionero en el país y en la región logrando, a partir de “una situación de absoluta miseria planificada por el modelo económico, organizarse y construir sus propias fuentes de trabajo con un importante impacto en la reducción de la huella de carbono y de la cantidad de residuos destinados a entierro”
Una de esas cooperativas, El Álamo, nuclea a 200 asociados que se desempeñan en los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Agronomía, Villa Pueyrredón, Parque Chas y Villa Ortúzar. Jaqueline Infante, que preside la organización, explica que “ninguna cooperativa cuenta con dinero para competir de igual a igual. Sabemos el trabajo, tenemos la trayectoria, pero no hay saberes que nos puedan ayudar en esta situación que requiere mucha plata, centros verdes, logística, etc. Nadie tiene ni 1% de lo que piden para poder competir con el sector privado”. “La propuesta oficial apunta a reemplazar el actual concurso público, exclusivo para cooperativas, por una licitación que toma como principal criterio de adjudicación el precio ofertado, obligándolas a competir en condiciones desiguales desconociendo sus años de experiencia, de trabajo territorial y sus objetivos de inclusión social”, agrega la diputada Velázquez.
Las cooperativas, por su parte, trabajan juntas y organizadas para encontrar una salida. “Nuestro plan de acción es exigir una mesa de trabajo y que se respeten las leyes que nos han reconocido como trabajadores. Acá no se trata de que ganen las cooperativas o el GCBA. Acá se trata de que juntos busquemos una forma de seguir mejorando el sistema para los vecinos, vecinas y el planeta”.
Crónica de un desenlace anunciado
Los llamados a licitación no constituyen un hecho aislado, sino que “se trata de otro hito en el plan de un gobierno que hace un año viene desgajando un sistema”, explica el diputado Grillo, refiriéndose a una serie de decisiones tomadas desde 2025 con impacto directo sobre los recicladores urbanos.
En julio de 2025, Jorge Macri publicó en sus redes: “Desde el Gobierno de la Ciudad decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”. Si bien dichos planes quedaron truncados por la Justicia que, ante un amparo presentado por Faccyr, forzó la restitución de los beneficios, anunciaron una posible apelación para continuar con la medida. Un mes después, el gobierno desalojó por la fuerza a los trabajadores de ex “Lechería” ubicada en el barrio de Villa del Parque, donde se realizaban tareas de acopio y reciclaje.
Paralelamente, el sistema de puntos verdes de la ciudad sufrió una reducción significativa pasando de 80 puestos registrados en 2021, a solo 19 activos en 2026, siendo la Comuna 11 la única que no cuenta con ninguno.
A estas acciones locales se sumaron otras a escala nacional. Por un lado, la desregulación del mercado con apertura de importaciones de residuos no contaminantes que no solo redujeron la cantidad de cartón a recuperar sino también su precio de venta, pasando de entre $240 y $300/ kg en 2023 a apenas $150/kg en la actualidad según Reaquila. Por otro, una menor cantidad de material destinado a reciclado dada la baja de consumo y, finalmente, la parálisis o sub ejecución de programas como “Argentina Recicla” o el Préstamo BID 5567/OC-AR.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
La audiencia se realizará el lunes 5 de octubre de 2026 a las 12, bajo modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom para los oradores previamente inscriptos. La convocatoria está dirigida a personas y organizaciones interesadas en participar del proceso de discusión de las condiciones que regirán la futura prestación del servicio.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convoca a la ciudadanía para analizar los proyectos de pliegos que regirán la próxima contratación del Servicio Público de Higiene Urbana, que contempla la recolección, barrido y limpieza de residuos sólidos urbanos, además de la provisión y mantenimiento de contenedores y cestos papeleros, entre otros servicios.
La iniciativa contempla una prestación integral que incluye también sistemas de telemetría, tareas de mantenimiento y desarrollo, además de un proyecto de tratamiento y valorización de residuos.
La inscripción para participar, consultar el expediente y la presentación de documentación estará habilitada hasta el martes 29 de septiembre. Los trámites podrán realizarse por internet mediante el correo electrónico a audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar
Quienes no cuenten con medios electrónicos podrán comunicarse al 11-5326-8471, de lunes a viernes, de 11 a 16.
Además, se dispondrá de un espacio físico en la Sede Comunal 1, Humberto 1° 250, para los participantes que se hayan inscripto y no tengan acceso a medios electrónicos para conectarse a la audiencia.
La información sobre los canales de acceso y transmisión de la audiencia, así como los detalles de la convocatoria, estarán disponibles en el sitio oficial del Gobierno porteño dedicado a las audiencias públicas.
