COMUNA 11

VECINOS CON INICIATIVAS

REUNIÓN PARA AUNAR UNA AGENDA CON MIRADA COMUNITARIA

Conciencia Urbana Comuna 11 se presenta como un grupo conformado por vecinos  de Villa del Parque, Devoto, Santa Rita y Villa General Mitre , apartidario y con interés en las problemáticas vinculadas a los Código Urbanístico y de Edificación , tránsito, espacios verdes, servicios públicos, arbolado, accesibilidad, patrimonio, educación y seguridad.

El 27 de enero esta agrupación convocó a una reunión que se realizó en el SUM de la Plaza Aristóbulo del Valle, gentilmente cedido por la Comuna.

En el Orden del Día estaban incluidos los siguientes temas:

• Cortes de luz reiterados

• Erradicación de la cárcel de Devoto y futuro de esas tierras.

• Proyecto para transformar un sector de la estación de Villa del Parque en espacio verde.

• Informar lo accionado y los pasos a seguir en las actuaciones con la legislatura para tratar un nuevo proyecto de ley de reforma del Código Urbanístico. en su afectación sobre Villa del Parque.

• Información acerca del funcionamiento de los institutos de descentralización y democracia participativa: Junta Comunal y Consejo Consultivo Comunal.

• Información que deben exponer las obras en construcción.

• Protocolo frente a la demolición de casas patrimoniales y tala de árboles de alineación que estén en veredas de obras en construcción.

El encuentro tuvo una nutrida asistencia de vecinos ya lo largo de más de una hora y media se fue desplegando el temario previsto punto por punto. Se escuchan ideas, la posición de cada participante siempre con el objetivo de ir fijando temas que enriquezcan la agenda pública enfocada en proyectos y en el abordaje de problemáticas, respetando siempre la democracia participativa como eslabón fundamental en la construcción de las políticas públicas. Otro de los fines de la reunión era establecer criterios para progresar en una mejor organización, marcar líneas de acción y sumar a más vecinos.

Sandra Barbonetti , una de las coordinadoras del grupo junto a Liliana Pagliaro , abrió la charla haciendo hincapié en que la idea“es empezar a pensar cómo trabajar”un conjunto de problemáticas que afectan nuestra vida cotidiana y empezar a abordar o continuar con otras iniciativas que, de concretarse, contribuirán también a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta área de la ciudad. 

Pagliaro por su parte  mencionó que Conciencia Urbana es un “espacio de vecinos apartidario” cuyos miembros no cumplen ninguna función pública de gobierno y por consiguiente no tienen poder de gestión para resolver las problemáticas. Subrayó “Somos simplemente vecinas y vecinos con muchas ganas de participar”.

Antes de comenzar a abordar el temario, las organizadoras agradecieron la presencia de los periodistas de los medios de comunicación Hormigas y Cigarras , Vínculos Vecinales y Aquí Villa del Parque.

CORTES DE LUZ

Barbonetti mencionó que desde el grupo Conciencia Urbana redactaron y presentaron una carta por la problemática de los cuatro barrios en la última asamblea del Consejo Consultivo. Allí se resolvió por unanimidad de los miembros presentes que la nota sea elevada a la Junta Comunal, a la Defensoría del Pueblo, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Edesur y al ENRE.

A continuación, Ana Prado , integrante de un grupo que está movilizado desde el 2016 por esta problemática mencionada que ellos también tuvieron una reunión el 5 de febrero y decidió iniciar un acto administrativo con la apertura de un expediente que incluía más de 290 reclamos por los cortes de suministro eléctrico que tuvieron lugar entre el 30 de diciembre y el 3 de enero, superando 67 horas corridas sin luz en un sector importante de Villa del Parque. Este movimiento vecinal aspira a alcanzar a otros barrios de la comuna que están atravesando las mismas situaciones. En ese sentido Ana remarcó "tenemos que hacer un abordaje conjunto. La idea es dejar de dar vueltas y que la empresa pueda responder con obras y nos den una fecha de cuándo van a ejecutarlas" . Y siguió diciendo “la propuesta es no quedarnos solo en la queja en las redes sociales sino ampliar acciones que benefician a toda la comuna” . En este sentido remarcó “es fundamental organizarnos desde un abordaje que sea capaz de encontrar respuestas y replicar todo lo que vamos haciendo en otras zonas”. Por último, invitó a los presentes a participar de la reunión prevista el 10 de febrero para tratar este tema específicamente. (Ver nota aparte).

Barbonetti recordó que el proyecto de ley presentado por Conciencia Urbana en 2023 “pretendía que se estudios hagan de factibilidad previo a la habilitación de las obras”. Y se lamentó “Cuando se hizo la reforma del código no se consiguió”.

Luego intervino Claudia Rizzo , integrante de Arco Violeta , asociación civil que lucha por la igualdad de género y contra todo tipo de discriminación y violencia. Propuso convocar a otras ONG, como ser colegios, clubes de barrio, cámaras empresariales, que tienen peso y actúan dentro de la comuna. Puso de aliviar que buscar estos apoyos y trabajar de manera conjunta y unida puede marcar una diferencia sustancial en los resultados que se vayan obteniendo.

ERRADICACIÓN DE LA CÁRCEL DE DEVOTO Y FUTURO DEL PREDIO.

Barbonetti hizo una breve introducción sobre el estado de situación, mencionando que el Gobierno de la Ciudad acaba de anunciar que en abril entregará a la Nación el complejo penitenciario que está terminando de construir en Marcos Paz. A partir de ese momento y hasta fin de año, el Ministerio de Seguridad de Nación se comprometió a empezar un traslado por etapas de los internos alojados en el penal de Devoto hacia la nueva cárcel. Cuando el predio quede definitivamente libre de ocupantes se abrirá una nueva instancia de debate sobre el destino que tendrá el lugar. En este sentido, la coordinadora recordó que si bien el predio pertenece a la Nación se acordará con la ciudad su futuro.  Al respecto, mencionó que un proyecto legislativo impulsado por la asamblea vecinal “Devoto Unido” que propone dentro de las reformas del Código Urbanístico para Devoto, un capítulo dedicado a que el predio donde hoy está asentado el penal de casi 5 hectáreas se convierta en un espacio verde de acceso público y gratuito.

Alejandra Ancil Ezcurra, miembro del grupo vecinal “Juntos por Devoto” propuso trabajar de manera articulada Villa del Parque y Villa Devoto en un proyecto consensuado para conseguir el mejor destino que se pueda para esos terrenos y remarcó… “la cárcel nos atraviesa a todos”.  Por eso consideró importante “convocar a los vecinos de cercanía que viven alrededor de la cárcel para saber que piensan y organizarse con ellos también para seguir adelante”.

Nora Saavedra, vecina de Villa General Mitre, hizo su aporte señalando que “cuando parte de una comunidad intervienen en una lucha, le da más fuerza”. Sugirió “convocar a los directores de escuelas de la comuna para que dentro de la propuesta se incluya un polideportivo porque es una necesidad para la zona”. Y finalizó diciendo… “si en marzo se quiere hacer una nueva reunión, sería bueno que ya haya ya algo planificado”.

Por su parte Mónica Rodriguez dio su mirada al decir que la erradicación de la cárcel de Devoto es una ventana de oportunidad para que se abra un amplio y abarcativo debate sobre el destino de esos terrenos. Y resaltó que Devoto merece que se le devuelva parte de su identidad conformando en esos terrenos un bosque urbano para que vuelva a ser “el jardín de Buenos Aires”. Esto serviría para impulsar un sector del barrio que fue quedando postergado debido entre otras cosas a la existencia del penal que jugó un papel importante en generar ese contexto.

PREDIO FERROVIARIO EN LA CALLE RICARDO GUTIÉRREZ

Concluido el tema anterior, se propuso desde la coordinación de Conciencia Urbana invitar a los vecinos a trabajar en un proyecto para darle un destino comunitario a un sector del corredor ferroviario de la estación Villa del Parque (lado Norte), que se extiende entre Helguera y avenida Nazca y que hoy es parte de las problemáticas más agudas que sufre el barrio, por su estado de semi abandono.

Este predio que está dentro de la órbita de ADIFSA (Administración de Infraestructura Ferroviaria) cuenta con casi 8.000 m2 y podrían ser reconvertidos para un mejor uso de la comunidad.

En el diálogo se esgrimieron algunas ideas: que se construya allí un polideportivo, se transforme en un espacio verde de acceso libre y gratuito, destinar áreas para estacionamiento, centro cultural, biblioteca y un espacio de reunión para los vecinos.

Nora Saavedra volvió a insistir en la importancia de convocar a otras fuerzas vivas del barrio.

Mónica Rodríguez recordó que un proyecto similar impulsado por vecinos en el año 2001, logró concretarse en parte. En ese momento se consiguió que una de las áreas que rodean a la estación Villa del Parque se transformara totalmente. Se tiraron abajo locales que estaban abandonados reconvirtiéndolo en espacios verdes, se hizo un playón deportivo para que los chicos de la escuela Defensa de Buenos Aires tuvieran un lugar para tomar las clases de Educación Física y se construyó un edificio que actualmente está destinado a ser el anexo de las oficinas de la Comuna 11 y Registro Civil. La vecina resaltó que este es un antecedente histórico y no debería soslayarse porque ese proyecto original incluía al predio que ahora se le pretende dar una nueva utilidad y que en aquel momento no se logró. 

Finalmente se convocó a los presentes a sumarse para trabajar la redacción de un nuevo proyecto de reforma del Código Urbanístico para Villa del Parque.

En síntesis, se resolvió:

- Cortes de luz: llevar el tema a la próxima asamblea del Consejo Consultivo Comunal e invitar a los vecinos a sumarse al grupo que ya está organizado y armando acciones.

- ⁠ Cárcel de Devoto: se decidió armar un grupo de trabajo encargado de redactar un proyecto específico.

- ⁠ Corredor de la Estación VDP: Se decidió hacer otro grupo para analizar la situación, ver la situación legal del predio y hacer propuestas para consolidar un proyecto común.

- Organizarse para activar el reclamo en la Legislatura para que se trate una reforma del CUR: el proyecto de ley por VdP, perdió estado parlamentario, por lo cual convendría presentarlo actualizado nuevamente. Se decidió trabajar en conjunto para ese fin.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

FALLO JUDICIAL

OTRO REVÉS PARA LA LEGISLATURA Y EL GOBIERNO PORTEÑO

Una jueza de primera instancia declaró nulo el Código de Edificación sancionado en 2018.

La noticia. Análisis y perspectivas.

En esta como en otras contiendas que dan los ciudadanos cuando sienten avasallados sus derechos, las causas son similares: no se respeta el debido proceso y la democracia participativa.

LA NOTICIA:

La Fundación Rumbos y todos los amigos de la causa que se fueron uniendo a lo largo del proceso que se inició un 18 de julio de 2019 tuvieron una muy buena noticia el pasado 6 de mayo de 2024 cuando la Jueza de primera instancia Lidia Liberatore dictó sentencia y declaró “la nulidad de las Leyes 6100 (Código de Edificación) y 6438 (en los artículos del código que lesionan el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad)”

En un extenso fallo de 53 páginas la magistrada entendió que “los derechos de participación ciudadana fueron violados durante el procedimiento de doble lectura requerido para modificar el Código de Edificación, porque no se dio cabal cumplimiento a la Ley de Audiencias Públicas, a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.”

Audiencia Pública y regresividad en derechos adquiridos:

Varias de las intervenciones  que se hicieron en la Audiencia Pública (6/11/2028) fueron rescatadas por la jueza en su sentencia para sostener que los legisladores no dieron cabida ni respuestas a las argumentaciones que allí se esgrimieron, como la de la arquitecta Fabiana Martínez, que en esa oportunidad manifestó: “El Código de Edificación admitirá superficies de vivienda de 18 metros cuadrados, con baños -más allá de que tengan o no bidet- que tengan una superficie menor a la que impone la Ley 962, de Accesibilidad al Medio Físico, que todos tuvimos que cumplir cuando construimos, ampliamos o remodelamos nuestras viviendas particulares: pasillo de 1,20 metros de ancho o escaleras con un ancho y giro para sillas de ruedas. Todo esto debe estar contemplado en este Código de Edificación, no lo podemos dejar de lado. (…) En ese espacio [18 m2] este Código de Edificación pretende que viva y se desarrolle una familia. Es una total situación de hacinamiento. (…) El retroceso en los derechos de accesibilidad es lo que nos está preocupando en relación con la Ley 962. Este Código de Edificación los saca de un plumazo.” (versión taquigráfica, fs. 173/174 del expediente papel digitalizado).

[La ley 962 de accesibilidad (aprobada el 5 de diciembre de 2002 por la Legislatura porteña) introdujo modificaciones al Código de Edificación de la ciudad: incorporando dimensiones más amplias para circulaciones, puertas, interiores de baños y ascensores, así como la obligación de proyectar alternativas a las escaleras (rampas o medios mecánicos) en oficinas públicas -de organismos oficiales o privados- y edificios. En el año 2018, después de 16 años de contar con un Código de Edificación que apuntaba a la inclusión de las personas con discapacidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Legislatura Porteña dio marcha atrás, afectando derechos adquiridos, sancionando una ley abiertamente discriminatoria que prioriza las ganancias de los grandes desarrolladores inmobiliarios a costa de las necesidades de las personas con discapacidad.” Jonatan Baldiviezo, abogado y amicus curiae en la causa]

La jueza tomó en cuenta estos argumentos y dijo “el proceso legislativo llevado adelante para la sanción de la Ley 6100 y su modificatoria 6438, no se ha realizado en cumplimiento cabal de los requisitos previstos para el supuesto de doble lectura establecido en el art. 89 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en lo formal como en lo sustancial, es decir, cumpliendo con el propósito por el cual el Constituyente estableció el requisito de la Audiencia Pública.”

Y la magistrada apuntó también a la “regresividad de derechos humanos fundamentales de las personas con diversidad funcional generada por las Leyes 6100 y 6438.” Cuando se sabe que “En materia de Derechos Humanos existe lo que se conoce como “carácter irreversible o no regresividad” que implica que, una vez que un derecho es reconocido por un Estado, queda irrevocablemente incorporado al sistema jurídico.”

Liberatore resalta que “la Ley 6100 resulta regresiva en materia de accesibilidad en puntos claves como la circulación vertical (escaleras, desniveles, ascensores y medios alternativos de elevación) y en relación a los sanitarios; al admitir excepciones en locales de concurrencia pública; en las dimensiones mínimas de las viviendas y al omitir especificaciones técnicas de accesibilidad sobre la circulación peatonal.”

Para graficar lo dicho, la jueza vuelve en su fallo a tomar otras alocuciones de la audiencia pública. Y resulta muy ilustrativa la del ciudadano Daniel Giglio “Cuando era chico fui a La Boca y vi cómo eran los conventillos. También las familias estaban hacinadas, se enfermaban, tenían un solo baño para 4, 5 u 8 personas y vivían en una habitación de cuatro por cuatro. Señores: eso es hacinamiento y eso es enfermedad. Solo imaginen qué le pasaba a una persona que estaba en silla de ruedas y vivía en un conventillo. Por último, en el presente estamos hablando de los 18 metros cuadrados que establece el Código de Edificación. Me imagino que estos 18 metros cuadrados van a tener los mismos problemas y a terminar en hacinamiento y enfermedad. Señores y señoras legisladores: a esto me refiero cuando hablo de regresividad. Es volver para atrás 200 años”. (versión taquigráfica de la audiencia del 5/11/18, fs. 116 del expediente papel).

En este punto la jueza hace hincapié en que los legisladores no respetaron la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que al haber sido ratificada por nuestro país goza de jerarquía constitucional, conforme el art. 75 inc. 22 CN-, y por lo tanto “sus prescripciones se transforman en un contenido base y pétreo, que en todo caso, puede ser ampliado por el Estado parte mas no puede legislarse desconociendo los derechos y garantías allí establecidos. Porque esto lisa y llanamente significa la violación al principio jurídico de NO REGRESIVIDAD en materia de Derechos Humanos. En este caso, la Convención fue suscrita por Argentina en el año 2007 y ratificada en 2008, mediante Ley 26378, lo cual obliga a todos los operadores del Estado incluidos los legisladores y los jueces deben tenerlo en cuenta en aras de la eficacia de los derechos reconocidos.”

En su análisis la jueza expresa “los derechos de las personas con discapacidad, quienes no recibieron la debida información y respuesta por parte de la demandada en cuanto a sus objeciones, se vio afectada la garantía del debido proceso y tratamiento respecto de un cuerpo legal que les afectan como colectivo, normativa que permitía -a su vez- acceder a los derechos fundamentales como es el de la salud, educación, autonomía individual, vida digna, trabajo, esparcimiento.”

Y concluye “lo que ha ocurrido en el proceso legislativo es lo contrario a lo que establece la Convención, dado que la audiencia pública devino en un mero trámite formal a causa de que los legisladores no dieron ninguna respuesta satisfactoria a los planteos sustanciales formulados por los actores. Por lo tanto, son los propios legisladores quienes convirtieron a una instancia relevante de participación ciudadana en un decorado, un show, un artilugio para dar por cumplido lo que entendieron como un mero requisito y sacárselo de encima”.

Esta demanda ha sido una construcción colectiva a la que durante el proceso judicial se fueron sumando distintos actores que fueron pasando a integrar un amplio frente actor y amigos del tribunal que aportaron desde su experiencia y especialidad, como Marilú Ferreira y Antonio Brailovsky (fallecidos antes de conocer el fallo), el Observatorio de Derecho a la Ciudad, Fundación Acceso Ya, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), los legisladores Miryam Bregman, Gabriel Solano, Laura Enda Marrone, Consejos Consultivos de las Comunas 4, 10, 13, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, entre otros.

Cabe destacar también la amplitud de este fallo ya que su resultado no se limita al colectivo de personas en situación de discapacidad sino que enriquece a toda la sociedad, en sintonía con el principio sostenido por las organizaciones de personas con discapacidad sumadas en la demanda: “Incluirnos en las luchas para luchar por nuestra inclusión”. Tal como señala la jueza: “A modo de contexto, no puede perderse de vista que la democracia participativa aparece en el art. 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, como uno de los elementos que definen su régimen político. Esta se encuentra prevista como un medio para impulsar políticas públicas y ejercer diversas modalidades de control. Se complementa con el acceso a la información pública, pero requiere -para su efectividad- del compromiso de los habitantes de las Ciudad y las diferentes organizaciones que los nuclean”.

ANÁLISIS Y PERSPECTIVA:

A lo largo de los últimos años, quienes trabajamos en el periodismo vecinal hemos sido testigos privilegiados de las innumerables luchas que emprenden, a veces vecinos que se agrupan espontáneamente en una causa común y otras, como este caso, organizaciones no gubernamentales que emprenden batallas legales, que suelen ser muy desiguales, contra medidas de gobierno, leyes y/o políticas públicas que los afectan negativamente y que  entienden que fueron puestas en práctica no respetando sus derechos.

Estas luchas generalmente comienzan tímidamente con pedidos de informes, reuniones con comuneros, declaraciones de los consejos consultivos, charlas con legisladores, autoridades ministeriales, funcionarios, mesas de trabajo informales, audiencias públicas, recolección de firmas con entrega de petitorios y hasta manifestaciones en las calles… pero cuando todas las instancias se agotan y no resultan escuchados, el último recurso es apelar a la justicia. Y ahí comienza la interposición de amparos y juicios que a veces llevan años y años en dirimirse y cuando finalmente llegan las sentencias, si los jueces a cargo de las causas no hicieron lugar a medidas cautelares preventivas, el paso del tiempo va consumando hechos que se transforman en irreversibles.

Podríamos decir que en este caso, como en otra reciente sentencia del juez Guillermo Scheibler que declaró la nulidad del Distrito del Vino, se cumplen estas condiciones. Ambos fallos de primera instancia tienen el mérito que estos jueces entendieron que no se cumplió con el debido proceso y con la democracia participativa para sancionar las leyes de referencia y por lo tanto las declararon nulas. Al mismo tiempo estas sentencias indudablemente sientan precedentes y jurisprudencia para que en el futuro nuestros representantes no vuelvan a incurrir en las mismas omisiones y falta de apego a la normativa bajo la cual deben actuar. Pero sin duda es dable reconocer que llegan tarde porque los años que se tomaron para dictar sentencia fueron dando lugar a que las políticas que habilitaron esas leyes produjeran consecuencias. Y otro aspecto no menor, es que así como hubo ciudadanos que se sintieron damnificados, estas establecieron “reglas de juego” que se tradujeron en inversiones y en actividades que se enfrenta a una incertidumbre legal.

En síntesis, los proyectos que se transforman en ley sin cumplir con el debido proceso y una justicia lenta para dictaminar si se ajustan a derecho o no, conlleva a que la población siempre pierda, de un lado y del otro. Pero la pregunta del millón es: ¿Qué responsabilidad les cabe a los legisladores que votaron positivamente estas reglamentaciones sin cumplir con el debido proceso y con la democracia participativa?.

Estas experiencias deberían servir como enseñanzas para mejorar la convivencia colectiva y nuestra vida democrática.

Este año el Gobierno de la Ciudad prometió que encarará la actualización del Código Urbanístico, un digesto que generó y genera innumerables polémicas y resistencias en distintos barrios, con más de 18 movimientos vecinales que luchan por ser escuchados y consideran que el verdadero progreso es no seguir afectando idiosincracia de sus barrios y la calidad de vida en áreas que estaban positivamente consolidadas.

En este sentido claman y han presentado proyectos legislativos que tienen estado parlamentario para que se revisen las alturas de las edificaciones, la mixtura de usos que cambiaron fisonomías y costumbres, la significativa reducción de los pulmones de manzana y la eliminación de los retiros de frente que mortifican al medio ambiente porque reducen significativamente la cantidad de tierra absorbente y los espacios verdes en la ciudad.

Si los funcionarios del Poder Ejecutivo y nuestros actuales representantes no quieren que se vuelva a repetir un fallo similar al que acaba de arribar la jueza Liberatore por el Código de Edificación y si no desean que sigan sucediéndose los cuestionamientos sobre el Código urbanístico sería altamente positivo que comiencen los debates en la base misma de cada comuna, respetando la democracia participativa que nace en los consejos consultivos y juntas comunales, con mesas de trabajo conjuntas con especialistas, la opinión de todos los sectores sociales y económicos, reuniones ampliadas con legisladores y las correspondientes audiencias públicas de manera que nuestros representantes recojan los aportes de todos y la resultante sean Códigos consensuados que contribuyan al verdadero desarrollo de la ciudad de Buenos Aires.