CIUDAD DE BUENOS AIRES

ESPACIOS VERDES

EL DESAFÍO AMBIENTAL DE BUENOS AIRES

Una ciudad más verde, una ciudad más vivible.

Mientras la crisis climática intensifica las temperaturas y los fenómenos extremos, la ciudad enfrenta un profundo déficit de espacios verdes, una distribución desigual y una creciente presión sobre el suelo público. ¿Qué lugar ocupa la infraestructura verde en la agenda urbana porteña?

Escribe: GUILLERMINA BRUSCHI

En términos de calentamiento global, cuando organismos internacionales indican que un posible mejor escenario superaría lo definido por el Acuerdo de París con temperaturas globales que se mantendrían en niveles récord hasta 2029, las alertas se encienden, pero las acciones parecen no ser consecuentes.

En julio pasado, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres , debió reiterar su llamamiento sobre el calor extremo mientras leíamos reportes de más de 20.000 muertos solo en junio en Europa. Ya es un hecho, cada fracción de grado adicional intensifica los riesgos y peligros para las personas y los ecosistemas (olas de calor, lluvias extremas, sequías, pérdida de hielo, calentamiento de los océanos y aumento del nivel del mar).

Para menguar estas amenazas, el accionar de las ciudades es clave. Representan el 70 % de las emisiones y albergan más de la mitad de la población mundial. Establecer políticas urbanas responsables es una decisión ineludible con ejes críticos: control de emisiones, energías limpias, infraestructura resiliente y soluciones basadas en la naturaleza (preservación e incremento de la infraestructura verde de calidad, gestión del agua y restauración de ecosistemas).

Muchas ciudades se han puesto en marcha: Copenhague busca transformarse en ciudad “esponja”; París sustituye el asfalto por suelo permeable en espacios como la Plaza del Hotel de Ville, y Lisboa planea plantar 240.000 árboles bajo la iniciativa LIFE LUNGS, por citar solo tres ejemplos. ¿Y Buenos Aires?

La capital argentina tiene apenas 7 m2 verdes por habitante según datos de la Dirección General de Estadística y Censos, frente a los 10 o 15 recomendados, con apenas un 51% compuesto por parques y plazas. Esta escasez significa también inequidad y dificultades de acceso. Así la Comuna 8 goza de 20.5 m2/h incluyendo la Reserva Lago Lugano y la Comuna 1 casi 19 m2/h contando Puerto Madero, contrastando distribuidamente con los 0,2 m2/h de la Comuna 5, la que menos tiene. La Comuna 11 con apenas 1.5 m2/h es superada en carencia únicamente por la Comuna 3 (0,5m2/h) y la 5 y comprende al barrio con mayor déficit verde de CABA, Villa Santa Rita, con apenas 0.06 m2/h conseguidos tras una demanda ciudadana centenaria que el GCBA respondió parcialmente.

Lejos estamos de la norma de planificación urbana 3-30-300: cada ciudadano debe ver, como mínimo, tres árboles de tamaño significativo desde las ventanas de su hogar, escuela o lugar de trabajo; cada barrio debe tener al menos un 30% de cobertura vegetal y ningún ciudadano debe vivir a más de 300 metros de un espacio verde público de calidad (a 5 minutos). Husqvarna, una solución satelital que indica cuán verdes son las ciudades, reporta que Buenos Aires cuenta con apenas un 4% de su superficie cubierta por pasto. Los indicadores son rotundos: no solo estamos lejos de lo los parámetros para las ciudades resilientes y saludables, sino que estamos muy por detrás de las vanguardias: Oslo encabeza los rankings globales con 281 m2/h según StatRenker (sobre datos OMS, UN-Habitat, EEA, entre otras).

Entonces… ¿los esfuerzos para mejorar la infraestructura verde urbana no deberían protagonizar la agenda? Así parece establecerlo el Plan Urbano Ambiental (2008) indicando que “se debe promover la creación de nuevas plazas, plazoletas y patios de juego en relación adecuada a la densidad poblacional”.

Sin embargo, “Buenos Aires carece de una política pública para paliar el déficit verde. La mayor parte de los espacios ganados se generó al calor de las luchas vecinales que sostuvieron demandas sobre terrenos que hubieran tenido otros destinos. No solo falta proactividad para generar nuevos espacios sino que se agreden los ya constituidos, proponiendo estacionamientos subterráneos que transformarían esas plazas en macetas dañando los árboles añosos, o actividades comerciales que nada tienen que ver lo que debe ofrecer un espacio verde apaciguando el trajín urbano”, indica Fabio Márquez, Lic. en Diseño del Paisaje y docente universitario (@paisajeante).

Este escenario de carencias se complementa con otro de excesos. Según Tejido Urbano, en los últimos 20 años se sumaron más de 40 millones de m2 de edificación. Según el informe, las áreas más construidas fueron el norte y el oeste, zona esta última, que comprende a las Comuna 11 y 3 que ya mencionamos como las que menos espacios verdes poseen. Mayor constructividad, significa más hormigón y más cemento y, por lo tanto, mayor efecto isla de calor. Así, Buenos Aires mide entre 1.5 y 3.5ºC más de temperatura que sus alrededores según el Plan de Acción Climática 2030.

La “Ley Hojarasca”

“La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia social, habitacional y ambiental como consecuencia de la consolidación de un modelo urbano basado en el despojo de nuestros bienes comunes. En los últimos 30 años la temperatura máxima anual aumentó casi un grado como consecuencia del deterioro, la fragmentación y la destrucción de las grandes superficies verdes. Sólo en los últimos 10 años se privatizaron el equivalente a 75 Plazas de Mayo de superficies verdes públicas. Durante la gestión de Jorge Macri se vendieron 8 hectáreas del Parque de la Ciudad, uno de los pulmones metropolitanos más importantes; se avanzó con los estacionamientos subterráneos en diferentes plazas transformando un espacio absorbente en una simple terraza verde y recientemente se aprobó la denominada “Ley de Hojarasca” que derogó la ordenanza 46.229. Ahora el Poder Ejecutivo tiene vía libre para privatizar el escaso suelo verde porteño. Las plazas se pueden transformar en shoppings, emprendimientos privados, enrejarse y hasta se podría cobrar entrada como sucede en el Parque Sarmiento” nos explica la Ing. María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC-FIUBA) (@mariaevakoutsovitis).

Efectivamente, como eco de la norma impulsada por el gobierno nacional, el 18 de junio la Legislatura aprobó por 30 votos positivos y 23 negativos la “Ley Hojarasca” porteña con el objetivo de derogar una veintena de normas “obsoletas”. Paralelamente, el GCBA hacía pública la disposición 145/DGCoyP/26 para instalar “núcleos de servicios” en 16 espacios verdes con cánones mensuales que oscilan entre un $590.000 para el Parque Indoamericano y $2.640.000 para el Parque Mujeres Argentinas, sumas que no pueden compararse con un alquiler comercial.

Grupos ciudadanos alzaron las voces, ya que la ordenanza derogada impedía la “concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso o cambio de destino de todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público”. Una de las posiciones más críticas fue la de la Asociación Amigos del Lago de Palermo que advirtió la eliminación de las limitaciones para la instalación de negocios gastronómicos según la ley 4950, marco regulatorio para permisos de uso precario, que establece que debe evitarse “interferir con el normal desarrollo de otras actividades existentes en el lugar ni restringir al público, en forma alguna, el normal uso y goce del parque y de sus instalaciones y servicios”. Siendo que los espacios verdes son claves para el ocio, el juego infantil, el esparcimiento y las actividades compartidas y deportivas al aire libre (esenciales para la salud física, mental y social de las personas) y entendiendo que el acceso a estos núcleos de servicios sería monetizado: ¿es posible otorgar estos permisos sin interferir con el uso normal de una plaza y sin restringir al público?

Los vecinos remarcaron que la iniciativa contradice el Código Urbanístico (CUr) y la zonificación Urbanización Parque (UP) con la que cuentan muchos espacios verdes porteños, para la cual solo se podrán autorizar “obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de las UP”. El grupo subrayó que entre los usos que la norma habilita para estos casos no se admiten bares, considerando emprender acciones legales y la presentación de un proyecto para restablecer la ordenanza derogada. Adicionalmente, la Ing. Koutsovitis señaló que la nueva ley es un “fraude”, dado que al modificar el destino de parques y plazas debió ser sometida a la doble lectura y aprobarse con mayoría agravada.

No solo comercios, también estacionamientos.

La sustracción de metros verdes no solo se circunscribe a los núcleos de servicio. El GCBA también presentó la disposición N.º 262/DGCOYP/26 para licitar el diseño, construcción y explotación de estacionamientos subterráneos disuasorios para las Comuna 4 y 13: Plaza Armenia (Palermo), Plaza España (Barracas), la Plaza Noruega (Belgrano), Parque de la Innovación (Núñez) y un terreno en Lavardén y Los Patos (Parque Patricios).

“Cada vez que se hace un estacionamiento o se coloca cemento debajo de una plaza estamos perdiendo suelo absorbente”, explica María Angélica Di Giacomo, fundadora de Basta de Mutilar Nuestros Árboles (@bastademutilar) Según el CUR, se entiende por suelo absorbente el terreno que puede derivar las aguas pluviales o de riego a las napas inferiores, aclarando específicamente que las losas parquizadas no serán consideradas suelo absorbente.

“Las superficies absorbentes, el verde vegetal vivo y el follaje frondoso son indispensables para que el agua pase directamente a las napas, para retener agua de lluvia y para disminuir la temperatura. Acciones como las que propone el GCBA constituyen un permanente avasallamiento de la infraestructura verde. Es necesaria una política publica de planificación y gestión que privilegie el bien común, la salud pública y el derecho a un ambiente sano de quienes habitamos y transitamos la ciudad”, agregó Di Giacomo.

Los vecinos de “Palermo Resiste” también se manifestaron en defensa de la Plaza Armenia y el Observatorio de Derecho de la Ciudad presentó un amparo ambiental para detener la licitación. La presión ciudadana llevó a excluir dicho espacio del proyecto, aunque todavía no median documentos que lo garanticen. Mientras tanto, el proceso licitatorio para las otras cuatro plazas continúa, trascendiendo el avance de un solo oferente tras la apertura de sobres técnicos.

Los efectos colaterales

Estas iniciativas no solo implican la pérdida de los ya escasos metros verdes, sino que pueden ser la punta del iceberg de un proceso de privatización de espacios comunes con un alto riesgo para el arbolado añoso cuya pérdida es irrecuperable, ya sea por excavaciones o por trazados de servicios cloacales, eléctricos e hidráulicos. Otros impactos ambientales negativos, como la contaminación lumínica y sonora (durante la construcción y posteriormente por el funcionamiento de los comercios), afectaría a la flora y la fauna e imposibilitaría la relajación y sosiego. Debe considerarse también, la inhabilitación de uso de los espacios durante la realización de las obras que podría tomar hasta 24 meses.

Considerando todos estos efectos en un escenario de jaque climático, en una ciudad con una amplia oferta gastronómica y con variadas opciones de estacionamientos y transportes públicos, cabe preguntarse qué motivaciones impulsan realmente estas decisiones y por qué se eligen los espacios verdes y no otros. A esto se suma la ausencia de acciones concretas para la creación de nuevos parques y plazas más allá de las limitadas respuestas a las demandas vecinas (con cada vez más proyectos de ley presentados) y de la creación de ciertas herramientas que no parecen promover avances reales: las Áreas de Promoción de Espacios Verdes incluidas en el último CUR; el proyecto para un “déficit verde cero” ; o la ley 6467 (2021) para crear plazas de bolsillo temporales.

Quizás la reflexión debe ir más allá de lo normativo y de los intereses comerciales. Tal vez se trate de definir si permitiremos que los espacios a habitar sean cada vez más los que el dinero nos procura, en detrimento de aquellos públicos, gratuitos, que nos pertenecen a todos. Quizás responder esta pregunta permita pronosticar quién ganará la pulseada, si la lógica del uso público irrestricto o la privación del espacio común y sus consecuencias.