UNA POLÍTICA A CONTRAMANO
¿SE VIENE LA ECO-BICI ARANCELADA?
En junio el Gobierno de la Ciudad despojó a la Comuna 11 de la gran mayoría de sus estaciones y ahora el nuevo proyecto busca arancelar el sistema para turistas todos los días de la semana y para residentes locales los fines de semana y cuando superen más de 30 minutos de uso los días hábiles.
En el tema que nos ocupa en este artículo la cuestión no es muy diferente a lo referido en el párrafo anterior. En su discurso, las autoridades promueven el uso de la bicicleta en lugar del transporte público y del auto particular para que Buenos Aires sea una ciudad más “sostenible”. Sin embargo, aquí como en el caso de los espacios verdes, podríamos decir que del “dicho al hecho hay un gran trecho” y hasta algunos se animan a afirmar que “nos están bicicleteando”.
Veamos que está sucediendo con el sistema de Eco-Bicis, un servicio gratuito que lleva casi 10 años, pero que desde el año pasado el gobierno viene “pedaleando” a contramano, para seguir con el lenguaje ciclístico.
En el año 2018 el sistema pasó de manos públicas a privadas, siendo concesionado a la brasilera Tembici. Esta privatización le cuesta a la ciudad un canon mensual de 3 millones de pesos para cubrir gastos operativos, además se hace cargo de la infraestructura de ciclovías y bicisendas y permite que Tembici explote el negocio de la publicidad exterior del sistema con 500 espacios en la vía publica y reciba los beneficios del esponsoreo del Banco Itaú y de Máster Card.
Los bicicletas de la concesionaria son ágiles, incluyen luces y 3 velocidades. Desde la privatización hasta mediados del 2019 el sistema funcionó “sobre ruedas” y la ciudad, según testimonia el propio gobierno, alcanzó a tener 400 estaciones y 4.000 bicicletas funcionando, pero este positivo avance duró menos de lo que canta un gallo.
Ya para fines del año pasado uno se encontraba con múltiples estaciones de Eco-Bici vacías de día y de noche, lo cual ya era una mala señal. En enero de 2020 la Secretaría de Transporte tomó la decisión de retirar la mayoría de las estaciones en las comunas del Sur de la Ciudad, aduciendo robos y vandalismo. Ya en plena pandemia, cuando la gente más necesitaba poder apelar a este servicio porque no podía usar del transporte público y comenzaba un lento proceso de apertura, Juan José Méndez, responsable de área, avanzó un poco más y decidió retirar un sustantivo número de estaciones en el Oeste y Noroeste porteño.
Entre los días 5 y 6 de junio le tocó el turno a la Comuna 11. Se retiraron de un plumazo 13 de las 18 estaciones habilitadas. Quedaron tan solo cinco, dos en Villa del Parque (una frente a la Estación y otra en Melincué y Artigas), y tres en Villa General Mitre, ninguna en Villa Santa Rita y tampoco en Devoto. Las pocas estaciones que quedaron, rara vez cuentan con bicicletas.
A todo esto se sumó que el tiempo de uso se redujo a la mitad (media hora) los días hábiles, con penalidades económicas para quienes no cumplan y una hora los fines de semana.
Ahora estamos frente a un nuevo capítulo: el arancelamiento. El 29 de Octubre el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley ante la Legislatura en el que prevé que los porteños paguen el servicio de bicicletas los fines de semana y también los días de semana si exceden los 35 minutos de uso gratuito. Los turistas nacionales y extranjeros, tendrán que pagar siempre, cualquiera sea el día de la semana que elijan andar en las Eco-Bici. Aunque aún no está decidido, las autoridades estiman que la tarifa podría oscilar entre los U$S2,5 y U$S15 por día.
El argumento del arancelamiento es que los fondos recaudados serán aplicados a la expansión del sistema: red de ciclovías y bicisendas protegidas, promover estaciones privadas y guarderías para aquellos que deseen dejar sus bicicletas particulares en áreas de trasbordo y/o otros puntos neurálgicos de la ciudad y establecer líneas de crédito bancario para la compra de bicicletas.
A la luz de los hechos pasados, esto parece ser un escalón más de una política pública definida. Hace dos años se pasó del sistema público al privado con la excusa que era una manera de mejorar la prestación -con más estaciones y bicicletas-, no se cumplió la meta y podríamos decir que en el último año claramente dieron marcha atrás. Ahora el argumento es que este viraje es para mejorar la infraestructura aunque está claro que en estos diez años el gobierno financió las bicisendas, ciclovías y sostenimiento del sistema (canon) con nuestros impuestos, cargas que en el caso del impuesto inmobiliario este año se indexa mensualmente conforme a inflación.
Y para concluir podríamos decir que respecto a este sistema, los vecinos de la Comuna 11 estamos en el peor de los mundos: pagamos cada vez más impuestos, nos dejaron solo cinco estaciones de 18 que había y de salir este proyecto los residentes, según cuando y cuánto tiempo quieran apelar al servicio, tendrán que pagarlo.
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