viernes, 18 de septiembre de 2020

EDITORIAL

CIUDAD Y NACIÓN


CUESTIONES DE FONDOS Y DE FONDO

Cuando uno mira en retrospectiva, se da cuenta que la época turbulenta que vivimos, independientemente de la pandemia producida por el coronavirus -que quizás contribuyó a acelerar ciertos procesos que venían in crescendo-, es consecuencia de problemas que se fueron acumulando década tras década hasta transformarse en boomerangs estructurales que no solo impiden cualquier sueño de desarrollo sino ya están amenazando la convivencia social. Es decir, estamos tocando fondo en el más amplio sentido de la palabra.


Escribe: Lic. MÓNICA RODRÍGUEZ - Dirección


La Plaza de Mayo: Símbolo de todos los argentinos
(Foto: Telam)

En los últimos días en la República Argentina asistimos a una nueva confrontación. (y van???)
El Presidente de la Nación acaba de dictar un decreto por el cual le recorta parte de los fondos de la coparticipación federal de impuestos a la Ciudad de Buenos Aires para redireccionarlos a la provincia lindante al otro lado de la Av. Gral. Paz.
A diferencia de otras discusiones banales a la que nos llevan falsas grietas que no conducen a ningún camino más que a ahondar la división entre argentinos, la surgida en los últimos días creo que vale la pena darla, porque no solo se trata de fondos pecuniarios sino porque también conlleva una polémica de fondo, que de alguna manera sobrevuela nuestra historia desde el nacimiento de nuestro país hasta la actualidad, y pasa por la centralidad de la ciudad de Buenos Aires, y su rol centralista y hegemónico que se le achaca.

Cuando uno mira en retrospectiva, se da cuenta que la época turbulenta que vivimos, independientemente de la pandemia producida por el coronavirus -que quizás contribuyó a acelerar ciertos procesos que venían in crescendo-, es consecuencia de problemas que se fueron acumulando década tras década hasta transformarse en boomerangs estructurales que no solo impiden cualquier sueño de desarrollo sino ya están amenazando la convivencia social. Es decir, estamos tocando fondo en el más amplio sentido de la palabra.
En este sentido, saber de donde venimos siempre es útil para decidir los caminos a futuro. 

Veamos un poco la historia de los fondos coparticipables.
Si bien el primer régimen formal de coparticipación federal data de 1935, es en 1973 donde se produce un cambio cualitativo, cuando se sanciona la ley 20.221 que estableció el primer régimen global de Coparticipación Federal de Impuestos entre la Nación y las Provincias, unificando casi la totalidad de la recaudación en un solo sistema de distribución único y excluyente con criterios explícitos para la distribución a las Provincias.
Esta Ley estipulaba una vigencia de 10 años, es decir, vencía en el año 1983. A punto de finalizar, el gobierno militar la prorrogo cuatro años para darle tiempo a los mandatarios que asumirían en el nuevo contexto democrático de buscar un acuerdo con las provincias.
Luego de una etapa de transición e incertidumbre, se dictó la Ley 23.548 en 1988. Se concibió como un régimen “transitorio” pero sigue vigente hasta el día de hoy, con innumerables “parches” y modificaciones que lo han transformado en un engendro que privilegia mecanismos paralelos, transferencias discrecionales, y está lejísimos de principios de justicia, equidad, eficiencia y solidaridad.

En estos años y hasta 1994 nuestra ciudad era un municipio que dependía del Poder Ejecutivo Nacional y el intendente era un mero delegado del Presidente de la Nación.

Veamos que pasó con la Provincia de Buenos Aires. Sin duda, es la provincia más importante en cuanto a generación de riqueza, ya que aporta el 40% al PBI nacional.
Esta cualidad fue pretexto para quitarle puntos de coparticipación cuando se estableció el régimen en 1973 y más tarde la ley de 1988 volvió a sacarle 6 puntos más, dejándola con 19,93% de los fondos coparticipables. El excusa era que Buenos Aires debía ser solidaria y los puntos que se le quitaban iban a redistribuirse a provincias que por ese entonces eran consideradas “inviables”,  condición que producía migraciones internas hacia el área metropolitana de Buenos Aires. Los legisladores creían que si las provincias más postergadas alcanzaban mayor autonomía financiera iban a lograr que su población permaneciera en ellas. Eso no pasó.
Los desequilibrios en el territorio bonaerense se fueron profundizando con el paso de los años. En la década del `90 se sumaron las provincializaciones del Ministro Cavallo (entre otras se traspasaron las escuelas de nivel primario y secundario sin acompañarlas con los debidos fondos). Los estados de cuenta de la provincia más poblada, con cada vez más alta incidencia de pobreza y con mayor aporte al fondo común y menor nivel de transferencias per cápita, se agravaron aún más, porque además las administraciones disponían de un escaso margen de maniobra para contener el gasto público: un muy alto porcentaje del total recaudado se destinaba al pago de remuneraciones y entre ellas, las funciones de educación, salud y policía a cargo de la provincia, por mencionar algunas, presentaban una elevada intensidad de trabajo y determinaban una estructura de personal bastante inflexible.
Para cubrir parte de los desajustes, en 1992 se creó el Fondo de Reparación Histórica, cuyo monto se congeló a partir de 1996 en un tope nominal de $650 millones. Por supuesto, las sucesivas devaluaciones lo fueron licuando.
En el 2019 la gobernación alcanzó los 22 puntos porcentuales de coparticipación gracias a la actualización del Fondo de Reparación Histórica pero en paralelo la Nación le traspasó el costo de los subsidios a la electricidad y el transporte. Ahí se le fue el 74% de lo que percibió como compensación.
Moraleja, las sucesivas administraciones, cualquiera fuera el color político de quien gobernaba, se fueron haciendo cargo de una provincia que se fue transformando en inviable sobre todo por la compleja situación del conurbano bonaerense.

En el año 1994 la Convención Nacional Constituyente dictó una Carta Magna que buscó darle un corte definitivo al tema. La Ciudad de Buenos Aires obtuvo su autonomía y por lo tanto definió la necesidad de dictar antes de la finalización de 1996 una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Nunca se sancionó esa ley.
Los parches siguieron y siguieron. En el año 2003 el Presidente de la Nación fija por decreto la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires en 1.4%. En el 2016 un nuevo decreto presidencial pasa la coparticipación de la Ciudad a 3,75%, bajo el argumento que se traspasa parte de la Policía Federal a la recientemente creada Policía de la Ciudad con los fondos pertinentes (aunque claramente los fondos transferidos excedían los gastos en concepto de seguridad). En el año 2018, tras un acuerdo fiscal, la ciudad cede 0,25% y quedó con 3,50%
Llegamos al día de hoy donde un nuevo decreto hace otra quita que alcanza a 1,18%, dejando ahora a la ciudad con 2,32%.
Tras concretarse la medida, reaparecieron los chisporroteos verbales de funcionarios nacionales y de la ciudad. Como en un ring, de un lado amenazan con judicializar el pleito, del otro justifican la medida endilgándole a la ciudad una “opulencia” que merece ser “igualada” hacia abajo.
En el medio, los habitantes que vivimos y amamos nuestra ciudad quedamos atónitos ante el intercambio pugilístico de palabras que van y vienen.

Es cierto, la ciudad de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita y un coeficiente gini – toma en cuenta la distribución del ingreso - que la acerca a los parámetros de las urbes de países desarrollados, aunque en los últimos años esos indicadores marcan un sustantivo deterioro. También es cierto que nuestra ciudad aporta el 22% al PBI nacional, teniendo entre otras, explotando entre otras la industria del turismo, cuarto sector en términos de ingreso de divisas al país. Al igual que la provincia de Buenos Aires, no recibe ni lejos la coparticipación que le correspondería en función de la riqueza que genera, aunque bien vale la salvedad que los fondos coparticipables representan para la ciudad solo 26% del total de su gasto, mientras para la provincia de Buenos Aires significan casi el 50% y para los distritos más pequeños supera el 90% de los recursos provinciales.
Dicho esto, la ciudad de Buenos Aires está muy distante de ser una ciudad “opulenta”, más allá que luzca “iluminados hasta los helechos” en alguna de sus principales avenidas (como destempladamente afirmó días atrás un dirigente político). Esconde profundas inequidades para sus habitantes, una de ellas es la crisis habitacional que se exhibe en los 58 barrios de emergencia, llamados eufemísticamente “barrios populares”, y mantiene a miles de habitantes en condiciones paupérrimas de habitabilidad, se expresa también en el aumento del porcentaje de residentes obligados a alquilar porque el sueño del techo propio está cada vez más lejos. Quienes hablan de esta manera olvidan que recae sobre los residentes el costo de mantener una ciudad limpia, segura y que garantice la movilidad a través de sus calles y avenidas a los 3,5 millones de personas que ingresan diariamente desde los municipios del conurbano a realizar sus quehaceres. Parece que tampoco contemplan que los vecinos de esta ciudad con nuestros impuestos sostenemos la educación y la salud pública aunque una buena porción de sus habitantes no los utiliza porque eligen –por distintas razones que no viene al caso abordar en este texto- sistemas de gestión privada y esas plazas vacantes son ocupadas por quienes viviendo en la provincia de Buenos Aires apelan a estos servicios en la ciudad por considerar que son mejores que los que se les brindan en sus lugares de radicación.
Todo este embricado intercambio propio de las grandes metrópolis transforma los límites geográficos entre la provincia y ciudad en líneas imaginarias y hablan de un sustantivo aporte solidario que los porteños brindamos a quienes vienen a trabajar, eligen estudiar y/o tienen que atender su salud en esta ciudad.

Por otra parte, parece que la dirigencia política de nuestro país también olvida que la ciudad de Buenos Aires, más allá de su autonomía sigue siendo la Capital de la República Argentina y asiento del Gobierno Federal. Parece ridículo y hasta ofensivo denostarla cuando debería ser motivo de orgullo tener una ciudad capital que es reconocida en el mundo por su belleza, patrimonio arquitectónico, oferta cultural y pujanza.

Por todo lo expuesto, solo me resta una reflexión final. Sería tanto más productivo que quienes fueron elegidos por el pueblo y cumplen funciones de gobierno dejasen a un lado la pirotecnia verbal y los actos discrecionales para abocarse a empezar a saldar las enormes deudas pendientes, comenzando, por ejemplo, por llegar a un acuerdo federal amplio, forjado en los consensos necesarios para dar a luz un nuevo régimen que contenga como criterio rector una distribución justa entre los distintos niveles de gobierno, tendiente a mejorar la distribución personal del ingreso, garantizando la equidad, eficiencia y solidaridad interjurisdiccional, donde no puede quedar a un lado el reconocimiento que merece la ciudad de Buenos Aires como ciudad-estado con rango similar al de cualquiera de las otras 23 provincias pero además por su condición de ser la capital de todos los argentinos.

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